El impasse EE.UU.-Colombia y la solidaridad con América Latina: Un difícil equilibrio para Sheinbaum
La reciente escalada de tensión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, de Colombia, aunque de corta duración, ha conmocionado al continente americano. Para Canadá y México, la amenaza inminente de un aumento de los aranceles a partir de febrero supone un reto importante.
Con Petro plegándose rápidamente a las exigencias de Trump, México y Canadá, los principales socios comerciales de Estados Unidos, sienten ahora más que nunca la presión. De hecho, informes de prensa sugieren ayudantes del presidente Trump están presionando para que los aranceles entren en vigor incluso antes de que tengan lugar las conversaciones, ya que el impasse colombiano reforzó la visión de Trump de los aranceles como “una herramienta eficaz de negociación y un castigo eficaz”. La presidenta Sheinbaum celebró este lunes que se haya llegado a un acuerdo, al tiempo que reiteró su llamado al “diálogo y el respeto”.
Para complicar aún más las cosas para Sheinbaum, la convocatoria del presidente Petro a una reunión urgente de la CELAC la pondrá en una posición particularmente incómoda, ya que el enfrentamiento del domingo subraya la fragilidad de la colaboración interamericana en la segunda administración Trump. Por un lado, la presidenta Sheinbaum se enfrentará a la presión de sus pares latinoamericanos de izquierda (y, sin duda, de los miembros más radicales de su partido) para unir fuerzas contra el unilateralismo estadounidense. Por otro, está un Trump envalentonado. La reunión del jueves será un duro ejercicio de equilibrismo para la presidenta mexicana.
La respuesta mexicana a las órdenes ejecutivas de Trump: Dimensiones jurídicas y políticas
El Gobierno mexicano ha reaccionado con pragmatismo a las controvertidas órdenes de Trump, aunque han empezado a surgir algunos llamamientos a la rebeldía. En particular, la propuesta de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha suscitado un intenso debate, dado su potencial para justificar la intervención estadounidense con el pretexto de la lucha antiterrorista.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que esta designación “no ayuda”, abogando en su lugar por “una mayor colaboración y respeto mutuo”. Al parecer, los asesores jurídicos del presidente están analizando las ramificaciones de dicha designación. Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de que pueda eludir la autoridad jurisdiccional de México y permitir acciones militares sin acuerdos bilaterales.
Esta cuestión ha galvanizado el apoyo dentro de Morena, que se une a la firme postura de Sheinbaum sobre la soberanía y las políticas migratorias. Los líderes de Morena también han enfatizado el rechazo a la injerencia extranjera, alineando su discurso con sentimientos nacionalistas. Por ejemplo, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en la cámara baja, ha llamado a “una desconexión gradual, ordenada y planificada de EE.UU.” a largo plazo, y propuso una enmienda constitucional para “defender nuestra soberanía”.
Nueva sesión legislativa: Retórica frente a pragmatismo
La próxima sesión legislativa que comienza el 1 de febrero se centrará en las prioridades de Morena en medio de los desafíos que plantea el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Como ya se ha explicado, un punto clave de la agenda será reforzar la soberanía de México para contrarrestar la agresiva retórica de Trump sobre los cárteles y la migración. Las prioridades económicas también son centrales en la agenda de Morena, con planes para avanzar en reformas que promuevan la autosuficiencia y protejan las industrias nacionales. Estas incluyen discusiones sobre políticas comerciales y medidas para salvaguardar la resiliencia económica de México. El partido pretende garantizar que México siga siendo competitivo al tiempo que aborda las disputas comerciales regionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentará este jueves las leyes secundarias destinadas a fortalecer a los gigantes energéticos estatales mexicanos, Pemex y la CFE. Estas reformas buscan consolidar el control estatal sobre los recursos energéticos, asegurando que los intereses nacionales prevalezcan sobre la inversión privada o extranjera. Las propuestas se centrarán en abordar las ineficiencias operativas, garantizar la autosuficiencia energética y clarificar los marcos reguladores vinculados a anteriores enmiendas constitucionales. Al mismo tiempo, la Administración intentará disipar las preocupaciones de los inversores, sobre todo en relación con la CFE y los ambiciosos objetivos del Presidente en materia de energías renovables.
Elecciones judiciales en el limbo
Las recientes disputas en torno a los comités de selección judicial ponen de manifiesto los retos a los que se enfrentan los sistemas jurídico y político de México. Tras una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se ordenó a la Comisión de Selección de Magistrados que reanudara la evaluación de candidatos en un plazo de 24 horas. Sin embargo, esta decisión se encontró con la resistencia de los legisladores de Morena, quienes aplazaron el asunto ante la Suprema Corte, dejando el destino del comité en el limbo. Los críticos argumentan que este retraso refleja un poder judicial cada vez más politizado, en el que los mandatos constitucionales están sujetos a influencias partidistas. La controversia ha suscitado preocupación en torno a la transparencia y el Estado de Derecho, ya que las voces de la oposición advierten de que estos retrasos podrían socavar la credibilidad de las primeras elecciones judiciales de México, previstas para junio de 2025.
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que, debido a graves recortes presupuestarios, sólo podrá supervisar 30% de las casillas electorales. Esta reducción, causada por el recorte de 53% al presupuesto original propuesto por el INE, plantea serias preocupaciones sobre la transparencia e integridad de las elecciones. Áreas clave como la divulgación del voto, la formación y las operaciones logísticas se han visto significativamente afectadas, lo que ha provocado las críticas de líderes de la oposición y defensores de la democracia.
Contacto:
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
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