Otras reflexiones sobre la planificación vinculante
A principios de este mes, el Gobierno publicó el seis decretos reglamentarios que comprende la legislación secundaria del sector energético, como la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector Hidrocarburos, entre otras. Estas nuevas leyes introducen el concepto de planeación vinculante, un proceso implementado por la Secretaría de Energía (SENER) para gestionar el desarrollo del sector energético de manera coordinada, con el objetivo de garantizar la soberanía, la justicia energética, la autosuficiencia y la transición energética.
El proceso se llevará a cabo a través de instrumentos específicos conocidos como Instrumentos de Planificación del Sector Energético, que incluyen:
- Estrategia nacional de transición energética
- Programa de Soberanía Energética (PROSENER)
- Programa para la Transición Energética y el Uso Sostenible de la Energía (PLATEASE)
- Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE)
- Programa de Desarrollo del Sector de Hidrocarburos (PLADESHi)
La planeación vinculante debe ser considerada por la SENER y la CNE al otorgar asignaciones, contratos, permisos, concesiones y autorizaciones en todas las áreas de los sectores eléctrico, hidrocarburos, biocombustibles y geotermia. Esto significa que no se podrá otorgar ningún permiso o autorización que contradiga los planes estratégicos aprobados.
Aunque la intención puede ser positiva, a algunos observadores les preocupa que el proceso pueda dar lugar a retrasos debidos a la burocracia o a proyectos bloqueados. Esto, a su vez, podría plantear riesgos para el Sistema Eléctrico Nacional (SNE) a corto plazo (como apagones), pero también a medio y largo plazo: falta de inversión en infraestructuras, no incorporación de proyectos renovables (posible incumplimiento del Acuerdo de París), falta de innovación y desincentivos a la participación privada. Han suscitado preocupación sobre todo en proyectos de generación y almacenamiento que dependen de la estabilidad a largo plazo y de la transparencia en la concesión de permisos.
Dicho esto, existe un consenso sobre un cambio positivo en el tono de la administración de Sheinbaum, incluso si las acciones pueden ir a la zaga de las palabras. Varios ejecutivos de grandes empresas y consultores observan un mayor interés de la SENER y las empresas estatales por atraer capital privado, siempre que cumpla la normativa vigente y contribuya a objetivos de política nacional como la transición energética y la fiabilidad de la red. En los últimos meses, las autoridades han celebrado consultas con participantes del sector privado para identificar cuellos de botella regulatorios y operativos, lo que indica un enfoque más pragmático de las asociaciones de inversión. Aunque persisten los retos, este acercamiento sugiere que el gobierno reconoce finalmente la necesidad crítica de la participación privada para satisfacer la creciente demanda energética y los objetivos climáticos de México.
La eficacia de estos nuevos decretos dependerá en gran medida de la publicación de directrices técnicas, la claridad de la coordinación entre la SENER, la CRE y la CFE, y la capacidad del gobierno para equilibrar el control estatal con la participación del sector privado. Las partes interesadas de toda la cadena de valor de la energía observarán de cerca cómo se aplica en la práctica la planificación vinculante y si conduce a resultados de política energética más coherentes, resilientes y sostenibles.
El plan energético de Sheinbaum revisa las metas incumplidas de AMLO
Se espera que la SENER publique finalmente el programa sectorial anual de energía, en el que se esboza el estado actual de la industria y los objetivos para los próximos 5 años. El plan de este año, el PROSENER 2025, será el primero que se entregue bajo la presidencia de Sheinbaum. Aunque se publica más tarde de lo habitual (normalmente lo hace en el primer trimestre), el retraso era de esperar, dada la revisión del marco legislativo en materia de energía llevada a cabo por el Gobierno. El documento sigue siendo objeto de consulta pública, pero podría publicarse oficialmente en los próximos días.
El borrador ofrece una imagen más clara de la situación actual del sector. Si bien mantiene un tono crítico hacia lo que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador llamó el período “neoliberal”, también reconoce que la administración de AMLO no logró alcanzar varios de sus propios objetivos. La participación de las energías limpias en México alcanzó 24.32% de la generación total de electricidad en 2025, muy por debajo de la meta de 35% fijada por la Ley General de Cambio Climático para 2024 y de los compromisos del Acuerdo de París. El documento parece corregir los métodos de contabilidad utilizados por el gobierno anterior, que incluía la generación con vapor de gas como “energía limpia”, inflando los resultados. Las cifras revisadas muestran a México aproximadamente 10 puntos porcentuales por debajo del objetivo legal y lejos de la meta de Sheinbaum para 2030 de 38%.
Según el proyecto, la CFE sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, que representan alrededor de 30.033 MW de su capacidad instalada, seguida de la hidroeléctrica (12.156 MW) y la nuclear (1.608 MW). Durante la administración anterior, la CFE inició la rehabilitación de 16 centrales hidroeléctricas para añadir 554 MW y puso en marcha 10 proyectos de ciclo combinado por un total de 6.692 MW, junto con el parque solar de Puerto Peñasco de 580 MW. A finales de 2024, la CFE operará 808 MW geotérmicos, 86 MW eólicos y 426 MW solares. La ampliación de Puerto Peñasco a 1.000 MW para 2028 la convertirá en una de las diez mayores plantas fotovoltaicas del mundo. Sin embargo, el informe muestra que la CFE no pudo completar la mayor parte de su nueva capacidad de generación prevista bajo AMLO. Parte de esa capacidad se ha inaugurado bajo este gobierno como la unidad de ciclo combinado de Salamanca, pero las unidades más grandes como las dos centrales eléctricas en la Península de Yucatán y las otras dos en el Noroeste de México aún están en proceso para entrar en operación.
La administración de Sheinbaum pretende acelerar la integración renovable a través del Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que proyecta 28,004 MW en nueva capacidad-17,009 MW de proyectos estatales. La CFE planea añadir 2.850 MW de energía eólica, 5.393 MW de energía solar, 150 MW de energía solar térmica y 2.216 MW de almacenamiento en baterías para apoyar las fuentes intermitentes. El plan también incluye la modernización de las redes de transmisión y distribución en los 32 estados, reforzando el papel central de la CFE para garantizar un suministro eléctrico fiable y bajo en carbono hasta 2030. Sin embargo, el borrador no especifica cómo se financiarán, construirán o entregarán estos proyectos en los próximos cinco años.
El documento también revela que los topes al precio de los combustibles entre 2018 y 2024 -ligados a los ajustes por inflación- costaron 833 mil millones de pesos en subsidios a través de cambios en la tributación de los combustibles.
El sector sigue esperando señales más claras del Gobierno antes de reanudar las inversiones a gran escala, ya que ni las nuevas normas ni el PROSENER trazan aún un camino claro hacia los objetivos de Sheinbaum de expansión de las renovables y mayor producción de petróleo y gas.
En otras noticias sobre energía...
- El banco de inversión UBS advirtió que Pemex sigue siendo el principal riesgo fiscal de México, ya que un déficit en los ingresos petroleros podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas. El banco dijo que la proyección del gobierno de 1.79 millones de bpd de producción de crudo para el próximo año -incluyendo condensados y producción de empresas conjuntas- parece optimista dados los retos estructurales de la empresa. Se estima que si Pemex no logra alcanzar ese objetivo, la brecha de ingresos resultante podría llegar a 0,3-0,4% del PIB, lo que agravaría las tensiones fiscales si otros sectores también obtuvieran malos resultados. El informe agregó que las agencias calificadoras siguen desconfiando de los grandes pasivos contingentes de Pemex, con Moody's manteniendo una perspectiva negativa desde noviembre de 2024 y posiblemente degradando a México a Baa3 en los próximos meses. UBS dijo que el grado de inversión de México no está en riesgo inmediato, pero advirtió que la baja inversión pública -alrededor de 2.5% del PIB- podría restringir el crecimiento a mediano plazo y limitar la capacidad del país para capitalizar las oportunidades de deslocalización, particularmente en el sector energético.
- La Cámara Mexicana de Transporte Marítimo (Cameintram) dijo que Pemex comenzará a liquidar los pagos de servicios de 2024 a partir del 17 de octubre en virtud de un nuevo acuerdo destinado a liquidar las facturas atrasadas a los contratistas. El presidente de Cameintram, José Manuel Urreta, dijo que la organización espera que los pagos subsecuentes sigan el calendario previsto hasta finales de año y que Pemex planea liquidar todas las deudas pendientes a finales de 2026. Algunos operadores marítimos informan de retrasos de hasta un año en los pagos, lo que ha llevado a los más pequeños a abandonar el mercado.
- Se estableció el Consejo de Planeación Energética como órgano permanente responsable de coordinar la planeación vinculante y la transición energética en México. Este consejo apoyará a la SENER en la implementación de los instrumentos de planeación, los cuales se actualizarán periódicamente para alinearse con los objetivos nacionales de soberanía, sustentabilidad y autosuficiencia energética.
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