Un año después, todo bajo control... según el guión
La Presidenta Claudia Sheinbaum pronunció ayer su primer discurso sobre el Estado de la Unión en su tono habitual: comedida, contenida y sin grandes anuncios. Como se esperaba, el acto público masivo tendrá lugar a principios de octubre para conmemorar el aniversario de su elección. Mientras tanto, este discurso institucional trató de proyectar orden, destacar los logros legislativos y evitar riesgos políticos innecesarios en un momento de gran sensibilidad nacional e internacional.
El discurso enmarcó las 19 reformas constitucionales aprobadas como la piedra angular de los logros del primer año, en particular la reforma del poder judicial, que entró formalmente en vigor ese mismo día. La política social también se presentó como un éxito, con un énfasis continuado en los programas de bienestar social. El sector energético recibió especial atención, incluidos los planes de reestructuración de Pemex y CFE. Las infraestructuras se mencionaron en el contexto de los avances en los polos de desarrollo regional.
La Presidenta Sheinbaum destacó los signos de estabilidad económica en medio de la incertidumbre mundial: un crecimiento modesto de 1,2%, una inversión extranjera récord, un bajo desempleo (2,7%) y una inflación en su nivel más bajo en tres años (3,5%). La moneda es estable y los ingresos federales han superado las expectativas. También destacó el aumento de 12% del salario mínimo para 2025 -parte de un impulso más amplio a la justicia de ingresos- y las reformas que ampliaron las protecciones sociales a más de un millón de trabajadores basados en aplicaciones.
El sector privado también recibió atención específica, aunque enmarcada más como una alianza táctica que como una asociación estructural. Sheinbaum agradeció a los líderes empresariales su apoyo a los acuerdos voluntarios para estabilizar los precios de los alimentos básicos y los combustibles, y les pidió que se unieran a la estrategia industrial del “Plan México”, sin entrar en detalles sobre las condiciones o los incentivos. La energía, señaló, tiene un gran potencial de inversión.
A nivel nacional, el sector privado ha respondido con un cauto respaldo. La COPARMEX, por ejemplo, reconoció los avances en materia de seguridad pública, canales formales de diálogo y política salarial, pero expresó su preocupación por áreas clave, como la reforma judicial y el sistema sanitario. El tono del compromiso ha cambiado, de la confrontación a la cooperación condicional, pero sigue habiendo incertidumbres, sobre todo a medida que surgen nuevas propuestas fiscales y reguladoras.
Quizá la parte más esperada del discurso llegó al final: política exterior y seguridad nacional. La reciente visita del senador estadounidense Ted Cruz -y su llamamiento a México para que acepte la ayuda estadounidense en materia de seguridad- provocó una respuesta inusualmente rápida por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México: un agradecimiento diplomático acompañado de un firme rechazo. En este sentido, Sheinbaum cerró su intervención con un mensaje contundente: la paz interna es una cuestión de soberanía. El lenguaje fue prudente pero deliberado, subrayando el deseo de gestionar la presión de Washington sin parecer sumisa.
México recibirá el miércoles a la Secretaria de Estado de Estados Unidos para formalizar un nuevo marco de cooperación bilateral en materia de seguridad. La administración Sheinbaum ha enfatizado que la base de este acuerdo descansa en cuatro principios: responsabilidad compartida; confianza mutua; respeto a la soberanía e integridad territorial; y cooperación sin subordinación. La visita tiene por objeto definir un terreno común en medio de la creciente presión sobre la aplicación de la ley transfronteriza y la política antidroga, al tiempo que refuerza su postura como socio en pie de igualdad.
Lucha legislativa en medio de la volatilidad
Se espera que el Paquete Económico 2026 se presente al Congreso el 8 de septiembre. Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, confirmó que la propuesta incluirá una reforma a la Ley General de Importaciones y Exportaciones, con el objetivo de endurecer los controles y hacer frente a la corrupción en el comercio transfronterizo. Reconoció que es probable que la medida provoque un intenso cabildeo, pues incluirá un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos azucarados y sin azúcar, enmarcado en una campaña nacional contra el consumo de refrescos, iniciativa anunciada por Sheinbaum la semana pasada. Aunque justificada como medida de salud pública, la medida tiene importantes implicaciones económicas y políticas, sobre todo dado el elevado consumo per cápita de estas bebidas en México. Se está estudiando un ajuste similar de los impuestos sobre el alcohol, como parte de una estrategia más amplia para aumentar los ingresos sin elevar los tipos impositivos generales.
La lucha legislativa se desarrollará en un ambiente particularmente volátil. Las tensiones por el liderazgo de la Cámara de Diputados -provocadas por una disputa entre el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y el presidente saliente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña- han puesto al descubierto fracturas no sólo entre los bloques de oposición, sino también dentro de la coalición gobernante. El retraso de Morena en cumplir el acuerdo de rotación que otorgaría la presidencia al PAN, aunado a las dudas internas sobre el peso político de Adán Augusto López en este nuevo periodo de sesiones, añaden incertidumbre. Mientras tanto, Noroña enfrenta sus propios escándalos costosos, relacionados con una nueva casa de lujo en Tepoztlán, financiada en parte por supuestas ‘’donaciones’’ a su canal de YouTube, jugando a la creciente narrativa de enriquecimiento de altos funcionarios de Morena desde su tiempo en el cargo.
Mientras el Ejecutivo se prepara para presentar una serie de iniciativas legislativas, su viabilidad depende ahora de si Morena puede mantener la cohesión interna y sortear las presiones externas sin erosionar su propio impulso legislativo.
Espíritu, humo y una cuestión de independencia: El nuevo Tribunal Supremo jura su cargo
Con incienso, música tradicional y una ceremonia indígena en el Zócalo de la Ciudad de México, comenzó oficialmente la nueva era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los nueve ministros -elegidos por votación popular en julio- recibieron bastones de mando y de servicio ceremoniales de manos de líderes indígenas y afromexicanos, marcando el inicio simbólico de un poder judicial “del pueblo y para el pueblo”, en palabras del nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Su mensaje fue claro: la corrupción, el nepotismo y los privilegios deben terminar. “El voto que emitieron el 1 de julio ahora tendrá resultados”, dijo.
La ceremonia formal de toma de posesión tuvo lugar más tarde en el Senado. Poco antes de medianoche, el Tribunal Supremo celebró su sesión inaugural bajo la presidencia de Aguilar, marcando el inicio de su undécima era judicial. Aguilar esbozó las principales prioridades del nuevo Tribunal, empezando por un compromiso con la austeridad: anunció planes para proponer que los magistrados ganen menos que el Presidente, una medida que se espera ahorre 300 millones de pesos anuales. También abogó por un poder judicial más plural y accesible, y prometió acelerar la digitalización de los procesos judiciales para reducir tiempo y costes.
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