Reforma de Amparo: Morena redibuja la última línea de defensa
En vísperas del Día de la Independencia, el 15 de septiembre, la Presidenta Sheinbaum presentó al Senado un paquete legislativo destinado a reformar el sistema de amparo de México, considerado por muchos como un mecanismo jurídico clave para garantizar el control constitucional de la acción gubernamental, pero por otros como un mecanismo habitualmente sujeto a abusos por parte de poderosos intereses creados. Se esperaba una reforma de la Ley de Amparo como parte de un esfuerzo más amplio para realinear los poderes judiciales con el nuevo marco constitucional. La propuesta incluye modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Los aspectos positivos incluyen la introducción de medidas destinadas a mejorar la eficacia procesal, entre ellas, la ampliación de los sistemas de presentación electrónica y un nuevo requisito para que los tribunales dicten sentencia en un plazo de 60 días a partir de la audiencia constitucional. Estos cambios pretenden agilizar el acceso a la justicia y reducir los retrasos que durante tanto tiempo han plagado el sistema.
Sin embargo, el sector empresarial y los analistas jurídicos advierten de que la reforma podría inclinar la balanza hacia las autoridades gubernamentales. Uno de los motivos de preocupación es la definición más restrictiva de interés legítimo, que ahora exige un perjuicio jurídico real, actual e individualizado, y la prueba de que la derogación de una ley o acto beneficiaría directa y ciertamente al demandante. Este cambio podría restringir los litigios colectivos y de interés público, dificultando que las ONG, las comunidades y los defensores del medio ambiente impugnen las políticas a través del amparo.
La reforma también endurece las normas sobre la suspensión, es decir, la paralización temporal de las actuaciones del Gobierno. Las nuevas disposiciones facilitan al Estado argumentar que la suspensión de sus acciones perjudicaría el interés público, especialmente en asuntos relacionados con la deuda pública, la regulación financiera o las concesiones revocadas. En los litigios fiscales, la suspensión sólo se concederá si el crédito fiscal está plenamente garantizado. Además, las autoridades podrán justificar el incumplimiento de órdenes judiciales alegando “imposibilidad material o jurídica”. La reforma al amparo se da luego de que muchas empresas energéticas privadas utilizaron este mecanismo para bloquear la aplicación de la contrarreforma energética de AMLO, para frustración del entonces gobierno.
Aunque pueden surgir impugnaciones legales a la reforma, lo más probable es que el recién creado Tribunal Supremo, que inicia su labor bajo un marco constitucional renovado y un mandato moldeado por los recientes procesos electorales, se ponga de parte del Gobierno.
Relación México-Canadá: Calentando motores para la temporada comercial
Con la revisión del USMCA en 2026 a punto de comenzar, los tres Estados miembros han empezado a sentar las bases de lo que será un momento crucial en la política comercial de América del Norte. El viernes, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) lanzó formalmente un proceso de consulta pública, invitando a particulares, empresas y asociaciones industriales a presentar sus comentarios. El objetivo es evaluar los resultados del acuerdo desde su entrada en vigor y recoger recomendaciones para mejorar la competitividad regional, los flujos de inversión y la resistencia económica.
Paralelamente, el gobierno mexicano abrirá su propio proceso de consulta el 17 de septiembre. Según el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de aquí a enero se elaborará un diagnóstico completo de la aplicación del tratado. Este diagnóstico marcará la posición de México de cara a la revisión trilateral prevista para julio de 2026.
Agregando complejidad a la coreografía diplomática, Canadá confirmó que el Primer Ministro Mark Carney visitará México el 18 y 19 de septiembre para una reunión bilateral oficial con la Presidenta Sheinbaum. La agenda incluye profundizar la cooperación en comercio, energía, inversión, infraestructura y seguridad. Pero detrás de las formalidades se esconde una urgencia silenciosa. Como informa Reuters, Carney se esfuerza por reparar la relación entre Canadá y México, que se deterioró a finales del año pasado, cuando funcionarios canadienses plantearon la idea de negociar un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, independientemente de México.
Se espera que tres temas principales dominen la agenda Sheinbaum-Carney. En primer lugar, ambas naciones compararán cómo han respondido a la presión arancelaria de EE.UU. Canadá ha tomado represalias, mientras que México ha seguido un camino más cauteloso, acomodándose en lugar de tomar represalias. En segundo lugar, es probable que los dos líderes alineen las prioridades específicas de renegociación antes de la revisión conjunta del USMCA en julio de 2026: las reglas de origen, la facilitación de la inversión y la armonización regulatoria se encuentran entre los candidatos más fuertes para una presión coordinada. En tercer lugar, la mejora directa del comercio y la inversión entre México y Canadá se considera una prioridad mutua. Si bien el comercio en el marco del acuerdo actual ya ha creado fuertes interdependencias, existe la sensación de que ambas partes están ahora bajo presión para profundizar las asociaciones fuera de los canales estadounidenses, diversificar las cadenas de suministro y hacer más resistentes los flujos comerciales bilaterales.
La reforma de la PI en la era de la IA
Como parte de una serie de anuncios realizados durante las celebraciones nacionales de México, el gobierno federal dio a conocer una amplia reforma a la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial. Enmarcada como un paso hacia la modernización y la alineación internacional, la iniciativa tiene como objetivo simplificar los procedimientos, fomentar la innovación y equipar mejor a los reguladores para hacer frente a los nuevos retos de la economía digital, en particular el uso indebido de la inteligencia artificial en las violaciones de la propiedad industrial.
La reforma introduce un nuevo proceso de solicitud provisional de patentes, concediendo a los solicitantes 12 meses para finalizar sus presentaciones, y refuerza la digitalización de las presentaciones y acciones de aplicación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). También amplía el alcance de las infracciones administrativas, incluyendo disposiciones específicas contra el “marketing de emboscada” y las prácticas engañosas llevadas a cabo mediante tecnologías de IA, como la replicación de marcas o la manipulación de pruebas comerciales.
Desde el punto de vista empresarial, la reforma podría aumentar la seguridad normativa y facilitar una gestión más eficaz de las patentes y marcas. También es positiva la inclusión de mecanismos alternativos de resolución de litigios, aunque los detalles siguen siendo vagos.
Aun así, persisten retos esenciales. La reforma corre el riesgo de dejar atrás a las pequeñas empresas y a los inventores si las herramientas digitales no van acompañadas de un acceso y una formación más amplios. La ampliación propuesta de las facultades cautelares del IMPI -como la incautación de productos- debe aplicarse con cuidado para garantizar el debido proceso y evitar extralimitaciones legales.
Avanza la reforma de la extorsión
La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que faculta al Congreso a expedir una Ley General de Extorsión, iniciativa respaldada por la presidenta Sheinbaum y que ahora se envía al Senado.
La reforma pretende unificar la definición de extorsión, sus agravantes, los delitos conexos y las penas asociadas. Esto incluye armonizar las disparidades actuales en las sanciones a nivel estatal. También eleva la extorsión de un delito contra la propiedad a uno perseguido de oficio, reconociendo su impacto más amplio en la seguridad pública y la estabilidad económica.
Aunque el Senado aún tiene dos iniciativas presidenciales pendientes sin tocar desde el 23 de junio, se ha movido rápidamente para avanzar en esta reforma. Tres comisiones clave -Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos- fueron convocadas para aprobar la iniciativa tal y como fue recibida. Conforme a las disposiciones transitorias, el Congreso deberá promulgar la ley general correspondiente dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma.
Contacto:
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
laura.camacho@miranda-partners.com
Gilberto García
Socio y Jefe de Inteligencia
gilberto.garcia@miranda-partners.com
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