Pulso Public Affairs
La reforma energética mexicana: Devolver el control a las empresas estatales
Un aspecto clave de la (contra) reforma energética aprobada por la Cámara de Diputados es el regreso de PEMEX y CFE a empresas públicas en lugar de mantenerlas como entidades productivas. Este cambio representa un retroceso con respecto a la reforma energética (neoliberal) de 2013, que pretendía establecer condiciones equitativas entre las empresas estatales y los nuevos participantes, en teoría para atraer inversiones, fomentar la competencia y la eficiencia. El dominio y el fin social de la empresa estatal están ahora consagrados en la ley, y las empresas del sector privado tendrán que adaptarse y aceptarlo, para bien o para mal. Al menos hay claridad, y nadie puede argumentar que el nuevo gobierno no tiene un mandato político fuerte para llevar a cabo estos cambios.
Aunque es loable aspirar a una energía asequible para todos los ciudadanos, un planteamiento de este tipo sin un modelo financiero sostenible es, desde luego, costoso, en un momento en que el déficit presupuestario es ya demasiado elevado. Los analistas financieros temen que México se arriesgue a crear un sector energético financieramente insostenible al centrarse en reducir los precios al cliente final, sin proporcionar los beneficios necesarios para la reinversión y la modernización. Lo preocupante es que, al priorizar la asequibilidad sobre la rentabilidad, podría producirse una infrafinanciación de las infraestructuras y una disminución de la calidad del servicio, en el contexto de una necesidad urgente de seguir el ritmo de las crecientes demandas energéticas de la población. Después de todo, esto es lo que ocurrió cuando Telmex estaba en manos del gobierno allá por los años ochenta.
La prohibición de concesiones sobre el litio es otro motivo de preocupación. Aunque el deseo del gobierno de controlar el litio -un componente crítico en las tecnologías de energías renovables- tiene su origen en la protección de los recursos nacionales, esta decisión podría disuadir las inversiones internacionales necesarias para explotar plenamente este recurso. México carece actualmente de la experiencia y el capital necesarios para desarrollar su industria del litio de forma independiente, y sin participación extranjera, el país corre el riesgo de quedarse rezagado en la carrera mundial por las energías renovables.
Desde el punto de vista de Morena, evidentemente respaldado por una gran mayoría de mexicanos, la legislación actual de la reforma energética de 2013 no ha beneficiado significativamente a los mexicanos. Además, tanto Pemex como la CFE tienen pérdidas de todos modos, en el caso de la CFE agravadas por la reducción de los despachos de energía y por la compra de electricidad a empresas privadas.
El Consejo Mexicano de la Energía (Comener), que representa a diversas voces empresariales del sector, participa activamente en la configuración de la reforma. Considera que la regulación del modelo de distribución de energía 54%-46% es un paso positivo para establecer la seguridad jurídica necesaria para atraer las inversiones ‘urgentes’ que requiere el sector. Aunque esta regulación marca una nueva frontera, el presidente de Comener, Juan Acra, cree que aporta una confianza inicial, pero subraya la necesidad de una mayor claridad en los modelos de negocio, como la colaboración público-privada, para garantizar plenamente la inversión y la seguridad jurídica. A pesar de revertir algunos aspectos de la reforma energética de 2013, Comener se mantiene optimista, sobre todo tras el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la transición energética y reglas claras de inversión. El consejo, que incluye a socios clave como el CCE y la Asociación Nacional de Energía Solar, ya busca dialogar con los legisladores para dar forma a las leyes secundarias de la reforma.
El Senado pone en marcha la lotería para reestructurar la judicatura, lo que plantea dudas sobre la estabilidad judicial
En una sesión muy controvertida, el Senado mexicano, sin la participación de los partidos PAN y Movimiento Ciudadano pero bajo la atenta mirada de un notario, realizó un sorteo para asignar 850 cargos judiciales que estarán sujetos a elecciones directas en 2025. De ellos, 139 están vacantes en la actualidad, pero lo más preocupante es que el sorteo eliminó de hecho a 711 jueces y magistrados en activo, lo que plantea serias dudas sobre la independencia y estabilidad del poder judicial mexicano.
La sesión, que duró más de seis horas, apenas tuvo el quórum necesario, con 66 senadores presentes, sólo uno por encima del mínimo. Curiosamente, 11 miembros del PRI se alinearon con Morena, PT y PVEM, permitiendo que el proceso avanzara. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, explicó el proceso, desestimando las preocupaciones de la oposición al cambiar el mecanismo de lotería a lo que prescribe la Constitución, ignorando acuerdos anteriores.
El diálogo entre el Gobierno y el sector privado se centra en el fortalecimiento del clima de inversión en México
Marcelo Ebrard se reunió recientemente con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para discutir temas críticos relacionados con la inversión, el crecimiento económico y la competitividad en México. Durante la reunión, Ebrard destacó la importancia de fomentar la colaboración público-privada para impulsar el desarrollo económico. Un resultado clave de la discusión fue la creación de varios grupos de trabajo para fortalecer la relación entre el sector privado y el gobierno, con el objetivo de abordar los retos actuales y promover la inversión a largo plazo.
Además, Ebrard destacó la necesidad de modernizar el T-MEC enfocándose en incrementar las cadenas productivas regionales, mejorar el valor agregado de las exportaciones mexicanas y mejorar los incentivos para sectores estratégicos. Estos esfuerzos forman parte de una iniciativa más amplia para reubicar inversiones y atraer más empresas a México, un objetivo clave del gobierno para impulsar el crecimiento económico.
El Diálogo de Directores Generales y el Consejo para la Deslocalización de Empresas, anunciados recientemente por Marcelo Ebrard, pretenden aprovechar la tendencia actual a la deslocalización, en la que las empresas globales están trasladando sus cadenas de suministro a mercados más cercanos, como Estados Unidos, para mitigar riesgos y costes. Además, el Consejo de Reubicación elaborará estrategias para distribuir equitativamente las nuevas inversiones entre las regiones, fomentando el desarrollo regional y reduciendo la dependencia de los centros industriales tradicionales. Esta iniciativa podría dar lugar a un crecimiento económico sostenido, a la creación de empleo y a una posición más fuerte de México en las cadenas de suministro mundiales. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para aplicar mejoras prácticas en las infraestructuras y mantener la confianza de los inversores.
La estrategia de prevención del delito de Harfuch guarda paralelismos con el modelo de García Luna
La recién presentada estrategia de seguridad de Omar García Harfuch ha suscitado un considerable debate, especialmente dadas las sorprendentes similitudes entre sus propuestas y la estrategia esbozada en el libro de Genaro García Luna, Seguridad con Bienestar. El plan de García Harfuch, promovido como un nuevo enfoque para combatir el crimen en México, refleja notablemente elementos clave de los marcos anteriores de García Luna, a pesar de las significativas diferencias en los contextos políticos. Ambos se centran en el uso de recursos tecnológicos y de inteligencia para prevenir la delincuencia, con el objetivo de desmantelar las redes criminales a través del análisis de datos y la vigilancia.
Contacto:
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
laura.camacho@miranda-partners.com
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