Propuesta de limitación de las tasas de intercambio: La reforma de la transparencia se extiende a la infraestructura de los pagos con tarjeta
Un conjunto aparentemente modesto de reformas de protección al consumidor -que exigen, entre otras cosas, que los cajeros automáticos y las plataformas bancarias informen de las comisiones de las tarjetas antes de las transacciones, desglosen las comisiones en los extractos de cuenta y, lo que es más importante, limiten las tasas de intercambio- puede resultar ser la primera parte de un cambio más amplio en la forma en que México regula su infraestructura de pagos. La propuesta, que actualmente está siendo revisada por la CONAMER, refleja la voluntad de reducir las comisiones de las tarjetas, pero los críticos temen que pueda desincentivar la inversión en la digitalización financiera que tanto necesita la economía.
Como parte de estas iniciativas, las autoridades financieras mexicanas proponen una intervención más sistémica: otorgar al Estado autoridad formal para fijar las condiciones de funcionamiento y las comisiones de la propia red de pagos con tarjeta, un sector que durante mucho tiempo ha operado bajo gobernanza privada (ABM). La propuesta conjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) ha sido sometida a consulta pública y se presenta como un cambio fundamental en la regulación de los sistemas de pago.
Se trata de lo que los reguladores antimonopolio han calificado en el pasado como un ecosistema verticalmente integrado y autorreforzado dominado por un puñado de bancos y propietarios de marcas. Estos actores, se ha afirmado, controlan cámaras de compensación, establecen estándares de certificación y mantienen una propiedad cruzada que difumina las líneas entre competidores y legisladores. La antigua Comisión Federal de Competencia (COFECE) argumentó en 2018 que estas dinámicas dificultaban la entrada al mercado y mantenían altos los costos, en particular para los adquirentes no bancarios y los pequeños comerciantes. (Irónicamente desde entonces fintechs como Nu y Plata se han convertido en emisores líderes de nuevas tarjetas de crédito, socavando en cierta medida las afirmaciones de la COFECE de enormes barreras de entrada en lo que parece ser un mercado abierto. Por ejemplo, Plata ha pasado de cero a 2 millones de clientes de tarjetas de crédito en unos dos años).
La cuestión específica que ha causado consternación en el sector bancario -tanto por parte de los bancos tradicionales como de las FinTech- es la propuesta de limitar las tasas de intercambio a 0,3% para las transacciones de débito y 0,6% para las de crédito, frente a medias de aproximadamente 0,45% y 1,33%, respectivamente. JP Morgan calcula que las comisiones de las tarjetas podrían reducirse en $1.600 millones de dólares en un año, sin medidas compensatorias, lo que beneficiaría especialmente a los comerciantes de sectores de gran volumen y escaso margen: ver cómo su margen neto pasa de 10% a 11% supondría un aumento bastante significativo de 10% en sus beneficios. Pero la ganancia de los comerciantes es la pérdida de los bancos emisores. En términos absolutos, los grandes perdedores serían los operadores de tarjetas dominantes, BBVA y Banamex, pero en porcentaje de los ingresos de explotación existentes, Nu y otras fintech de tarjetas serían las más perjudicadas, ya que su negocio se basa actualmente en su totalidad en las tarjetas de crédito y débito.
Los bancos están acostumbrados a sortear los cambios normativos y a ajustar su modelo de negocio para garantizar que el impacto sobre la rentabilidad sea mucho menor de lo que sugieren estas cifras. Podrían recortar las recompensas por fidelidad, las ofertas de devolución de efectivo, subir los tipos de interés, etcétera. Pero como los ingresos por el uso de tarjetas disminuyen, es lógico esperar que en el futuro se centren en los clientes de mayor uso. Al fin y al cabo, es caro dar a alguien una tarjeta de crédito o débito. De ser así, la inclusión financiera puede verse perjudicada, no favorecida, por esta medida.
Además de limitar las comisiones, el plan exigiría la interoperabilidad entre centros de intercambio de información. Las redes estarían obligadas a conectarse con arreglo a normas compartidas, lo que reduciría la dependencia de un proveedor y permitiría que los pagos se encauzaran con mayor flexibilidad.
Estructuralmente, la reforma propuesta reubica a Banxico como registrador oficial de comisiones y metodologías, mientras que la CNBV velaría por su cumplimiento. Las normas seguirían estándares internacionales, como los establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO), lo que proporcionaría previsibilidad regulatoria tanto a los operadores tradicionales como a los recién llegados.
Los alcaldes, de nuevo en el punto de mira
El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, durante las festividades del Día de Muertos, se suma a la creciente lista de funcionarios locales que han sido blanco de atentados desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024. Le disparó a quemarropa Osvaldo Gutiérrez Velázquez, al parecer pariente del agente del CJNG Omar Farías Chávez, a pesar de tener asignados 14 agentes de la Guardia Nacional.
Se une a nombres como Alejandro Arcos Catalán (Guerrero), Román Ruiz Bojórquez (Oaxaca), Jesús Franco Lárraga (San Luis Potosí), Isaías Rojas Ramírez (Guerrero) y Salvador Bastida Guerrero (Michoacán), una lista que traza la propagación de la violencia política letal a nivel local. La naturaleza pública de estos asesinatos refuerza la percepción de impunidad, inquietando tanto a las comunidades como a las instituciones.
Manzo había expresado su preocupación por su seguridad. Al igual que Bernardo Bravo -el líder agrario asesinado días antes en Michoacán-, advirtió de las amenazas de grupos criminales y había hecho saltar las alarmas sobre la gobernanza local. La fragmentación política en Michoacán añade complejidad: El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asumió el cargo como candidato sustituto después de una barajada interna, y las divisiones dentro de Morena siguen acechando el ciclo electoral de 2027. El acercamiento informal de Manzo a los partidos de la oposición lo había posicionado como un atípico político, y una posible amenaza.
La tragedia se produce en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a generar polémica al impulsar el despliegue de tropas estadounidenses en México en el marco de una misión antidroga propuesta. Según NBC News y El País, el equipo de Trump está planeando activamente el uso de la autoridad de inteligencia del Título 50 para justificar operaciones en suelo mexicano. El exembajador de Estados Unidos y ahora subsecretario de Estado, Christopher Landau, ofreció sus condolencias en las redes sociales. “Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para acabar con el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, escribió, calificando el asesinato como un trágico recordatorio de lo que está en juego.
Mientras que el gobierno federal prometió “cero impunidad”, COPARMEX, la confederación nacional de empresarios, condenó el asesinato y señaló la inseguridad como un obstáculo crítico para el crecimiento económico. En su Foro de Seguridad 2025, los líderes empresariales advirtieron que la violencia persistente amenaza no sólo a los funcionarios públicos, sino al entorno más amplio para la inversión, la productividad y la seguridad jurídica.
Cielos divididos, terrenos desiguales: La diplomacia aeroportuaria de México sufre turbulencias
La decisión del gobierno mexicano de trasladar las operaciones de carga del Aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha provocado algo más que trastornos logísticos: ha abierto una brecha diplomática. En respuesta, el Departamento de Transporte de EE.UU. suspendió 13 rutas de carga y prohibió a las aerolíneas combinar servicios de pasajeros y carga en el AIFA, citando violaciones del Acuerdo bilateral de Transporte Aéreo. Es posible que se adopten más medidas que restrinjan el uso combinado de carga y pasajeros.
Las autoridades mexicanas enmarcan el cambio al AIFA como un paso necesario para descongestionar el envejecido AICM y reforzar la inversión en nuevas infraestructuras. Sin embargo, se cree que proveedores logísticos estadounidenses como UPS han argumentado que el cambio fue abrupto, políticamente motivado y mal coordinado, señalando la limitada infraestructura de carga del AIFA, la ambigüedad regulatoria y la supervisión militar como desafíos constantes. Aerolíneas como American Airlines y United se habrían quejado de la asignación de franjas horarias en el AICM frente a sus homólogas mexicanas.
Para aerolíneas como Aeroméxico, VivaAerobús y Volaris, el cambio de política presenta incertidumbre operativa y, por ahora al menos, una reducción de rutas y complementos de carga rentables en algunos aviones. Aunque cumplen con el mandato, siguen pidiendo mayor claridad normativa e inversión en instalaciones de apoyo. En privado, algunos ejecutivos del sector cuestionan la viabilidad a corto plazo de la AIFA como principal centro de carga, al menos para determinadas empresas logísticas estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de infundadas las quejas de las autoridades de transporte de Estados Unidos sobre las restricciones a la carga aérea, y reiteró que las aerolíneas estadounidenses que operan en México enfrentan las mismas condiciones regulatorias que sus contrapartes nacionales. Tras una reunión el viernes con ejecutivos de aerolíneas comerciales mexicanas, Sheinbaum enfatizó que las normas operativas y las condiciones aeroportuarias se aplican de manera equitativa entre las aerolíneas. También anunció una reunión programada para el martes con los directivos de las aerolíneas de carga que actualmente operan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el objetivo de reforzar el diálogo con los actores de la industria y reafirmar el apoyo gubernamental al plan de transición.
Los CEOs se vuelven diplomáticos: Aranceles, tratados y una carta a Trump
En las últimas semanas se ha producido una oleada de cartas formales de importantes grupos empresariales estadounidenses, emitidas en el contexto de la próxima revisión del USMCA, en las que abordan una serie de preocupaciones relacionadas con el comercio a ambos lados de la frontera. Con la próxima revisión del USMCA, perciben una oportunidad para presionar a México para que sea más favorable a las empresas (es decir, más favorable a las empresas estadounidenses).
La Cámara de Comercio de EE.UU. presentó un documento de 39 páginas a la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) en el que expone sus preocupaciones sobre la reforma judicial en México, así como lo que describió como una aplicación “agresiva e inconsistente” por parte de la agencia tributaria, el SAT. Por otra parte, la Mesa Redonda Empresarial expresó su preocupación por las prácticas regulatorias aduaneras, instando al USTR a garantizar que México cumpla con las normas del USMCA que requieren notificación previa y comentarios públicos sobre los cambios relacionados con el comercio. También señaló el creciente uso de precios de referencia en la valoración aduanera, pidiendo un retorno a los procedimientos estándar y el debido proceso en los casos antidumping.
La gran pregunta es qué partes de esta agenda corporativa estadounidense le importan realmente a Trump, ya que muchos creen que su atención se va a centrar en la inmigración, el déficit comercial y las drogas, y no mucho más. Una cosa es conseguir que México elimine las barreras no arancelarias (bueno para las exportaciones estadounidenses y, por tanto, para reducir el déficit). Otra es quejarse del clima de inversión de México (por ejemplo, la reforma judicial, el tratamiento fiscal, etc.) que no tiene ningún impacto real en la balanza comercial de Estados Unidos (si acaso, mejorar el clima de inversión de México puede empeorar el déficit comercial de Estados Unidos con México). Ya en su primer mandato Trump movió contra protegiendo la inversión estadounidense en México en el nuevo USMCA, diciendo que las empresas estadounidenses preocupadas deberían invertir en Estados Unidos en su lugar. Si una empresa estadounidense se queja de la excesiva aplicación de las leyes fiscales mexicanas, Trump puede llegar a la conclusión de que se lo tiene merecido por no poner a Estados Unidos en primer lugar. (A menos, quizás, que sea amigo del CEO).
Mientras tanto, la atención también se está centrando en el lado estadounidense de las regulaciones: más de 200 directores ejecutivos estadounidenses firmaron una carta pública instando al presidente Trump a revertir la Sección 232 y los aranceles basados en la IEEPA, argumentando que estas medidas están afectando a la competitividad y socavando la integración de la cadena de suministro norteamericana.
Corrección de rumbo judicial: El Tribunal Supremo cierra una laguna jurídica
El 30 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a Primero Empresa Minera -filial de la canadiense First Majestic Silver- el pago de 2.800 millones de pesos mexicanos ($$150 millones de dólares) en impuestos pendientes de pago. amparo. Esa puerta procesal, abierta bajo el mandato de la anterior Presidenta del Tribunal Supremo, Norma Piña, fue firmemente cerrada por la actual mayoría del Tribunal, que declaró el recurso constitucionalmente infundado y reafirmó que las obligaciones tributarias deben seguir la vía administrativa ordinaria.
La sentencia es más que una victoria fiscal: marca un cambio visible en la postura judicial. Aleja al Tribunal de su anterior liderazgo y se alinea con la prioridad declarada del ejecutivo de reforzar el cumplimiento, especialmente entre las empresas multinacionales de sectores con abundantes recursos. Para la administración Sheinbaum, la decisión envía un mensaje útil: el poder judicial ya no es una vía de escape procesal para la estructuración fiscal agresiva.
Las empresas mineras de Zacatecas, Sonora y otros lugares están muy atentas al desarrollo de negociaciones similares con Hacienda. Es probable que la decisión atempere la asunción de riesgos jurídicos en todo el sector, con efectos dominó en los debates sobre cánones y responsabilidades medioambientales. A nivel interno, también refleja una recalibración de las normas judiciales.
Contacto:
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
laura.camacho@miranda-partners.com
Gilberto García
Socio y Jefe de Inteligencia
gilberto.garcia@miranda-partners.com
Descargar PDF: MI-PublicAffairsChatter-110425