La eliminación de los reguladores autonómicos sigue adelante, con algunos cambios de última hora
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que eliminaba siete reguladores autónomos. Aunque parecía que el Congreso aprobaría la propuesta sin cambios, al igual que con las reformas anteriores, la dirigencia hizo algunos retoques en el último minuto, aparentemente en un esfuerzo por cumplir con las disposiciones del USMCA sobre competencia, regulación y telecomunicaciones. No está nada claro si los cambios serán suficientes.
La versión que ahora tiene el Senado aún contempla la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La reforma plantea que sus funciones se dividan de la siguiente manera:
- Las funciones regulatorias del IFT (que rigen concesiones, espectro y permisos) serán transferidas a una nueva entidad; el texto de la reforma no lo especifica, pero reportes de prensa que citan a la dirigencia legislativa de Morena indican que podría tratarse de la nueva “Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, encabezada por José Merino.
- Mientras tanto, sus funciones en materia de competencia se transferirán a otra entidad (igualmente sin especificar), que según algunos medios de comunicación podría ser Promtel (la entidad actualmente encargada de coordinar la Red Compartida). El líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, dijo que actualmente se están redactando los detalles. Hasta donde se sabe, aún no está claro si estas funciones se fusionarán en una nueva agencia de Competencia, como indicaron diversos medios la semana pasada, o estarán separadas, como sugiere la versión actual del texto de la reforma.
- Las funciones de la Cofece serán absorbidas por una nueva entidad, presumiblemente dentro de la Secretaría de Economía, pero con su propio marco jurídico. Nuevamente, esperamos mayor claridad conforme avance la discusión sobre la legislación secundaria.
El IFT y la Cofece dejarán de existir 180 días después de la entrada en vigor de las nuevas leyes secundarias de telecomunicaciones y competencia, para lo cual no hay un plazo claro. Mientras tanto, los otros cinco organismos desaparecerán en 90 días, una vez que se ajusten las leyes pertinentes.
Queda por ver cómo funcionarán las nuevas entidades, hasta qué punto serán independientes del ejecutivo y cuánto le importará a la nueva administración Trump a la hora de revisar el USMCA. (AT&T tiene una influencia formidable en EE UU, por lo que las normas que regulan el sector de las telecomunicaciones pueden ser especialmente problemáticas). Pero casi seguro que las instituciones estarán semiparalizadas durante el próximo año o así mientras se realizan todos estos cambios, lo que podría disuadir la inversión y complicar las decisiones administrativas de las empresas afectadas.
¿Por qué las telecomunicaciones tienen un regulador especial?
Capítulo 18 del USMCA no exige una configuración regulatoria específica para las telecomunicaciones, ya que “las Partes reconocen que las necesidades y enfoques regulatorios difieren por mercado, y que cada Parte podrá determinar la forma de implementar sus obligaciones conforme a este Capítulo”, siempre y cuando el “órgano regulador sea independiente y no responda ante un proveedor” y sus decisiones “sean imparciales con respecto a los participantes del mercado”. Sin embargo, establece que “[p]ara México, el órgano regulador de las telecomunicaciones es autónomo del Poder Ejecutivo, es independiente en cuanto a sus decisiones y funcionamiento, y tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, conforme a lo establecido en la legislación mexicana vigente”.”
Por su parte, Capítulo 21 exige que cada país “mantenga una autoridad nacional de competencia [...] responsable de la aplicación de sus leyes nacionales de competencia” y que “traten [...] a las personas de otra Parte de manera no menos favorable que a las personas de la Parte en circunstancias similares”.
Y así, mientras Morena ha asegurado que sus reformas constitucionales no pueden ser apeladas ante la Suprema Corte, los cambios podrían ser vistos como un reconocimiento implícito de que la Constitución aún debe cumplir con los tratados internacionales o, al menos, que la nueva administración tratará de evitar disputas con los inversionistas internacionales.
La dirigencia de Morena ha dicho que los cambios aprobados garantizan el cumplimiento del USMCA. De acuerdo con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena, “este será un órgano independiente, con facultades para realizar investigaciones y fijar multas, lo que permitirá una mayor competencia en nuestro país”.
Implicaciones para el sector energético
Como se esperaba, la Cámara de Diputados también aprobó sin cambios la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sin embargo, quedan algunos temas pendientes. La presidenta Sheinbaum anunció hace unas semanas que la CRE se convertiría en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (SENER), manteniendo su autonomía técnica pero no su presupuesto independiente. Aún no hay claridad respecto a la CNH.
Varios expertos han señalado que estos cambios requerirían varias modificaciones legales significativas además de la reforma constitucional, en efecto un rediseño completo del marco regulatorio del sector. Estos incluyen cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Hidrocarburos; las Leyes de PEMEX, CFE y de la Industria Eléctrica; así como la eliminación de la Ley de las Entidades Reguladoras Coordinadas en Materia Energética.
Posibles problemas de aplicación
Los artículos transitorios de la reforma presentan varios retos. En primer lugar, establecen un límite de 90 días para aprobar las leyes secundarias necesarias, un plazo notoriamente corto para asuntos tan complejos.
Además, existe una aparente contradicción sobre la fecha efectiva de extinción de las actuales entidades: mientras un artículo transitorio dice que dejarán de existir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), otro artículo dice que el IFT y la Cofece dejarán de existir después de 180 días de la legislación secundaria, lo que podría sentar las bases para controversias legales sobre la actuación de estos organismos durante ese periodo de transición.
¿Qué más se aprobó?
Además del IFT, Cofece, CRE y CNH, la Cámara de Diputados eliminó las siguientes entidades:
- Instituto Nacional de Transparencia (INAI) verá divididas sus funciones entre la nueva Secretaría Anticorrupción, el Instituto Nacional Electoral (INE) para asuntos relacionados con partidos políticos, y el Centro Federal de Conciliación para asuntos relacionados con sindicatos.
- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pasará a formar parte de la oficina de estadística INEGI.
- La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) se trasladará a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
¿Y ahora qué?
- La reforma ha pasado al Senado; una vez aprobada allí, necesita el visto bueno de una mayoría simple de las legislaturas estatales.
- Como se describió anteriormente, el Congreso tendrá 90 días para promulgar las leyes secundarias correspondientes, y 180 días para la Cofece y el IFT.
Contacto:
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
laura.camacho@miranda-partners.com
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