¿Partido de Uno? La reforma electoral pone a prueba la nueva ecuación de poder en México
La primera gran propuesta legislativa de la presidenta Sheinbaum este año se perfila como una paradoja: una reforma constitucional con un claro adversario en su propia coalición. Si bien la oposición y la sociedad civil han manifestado su extrema preocupación por las implicaciones antidemocráticas, el obstáculo legislativo inmediato se encuentra dentro de la alianza de Morena. El Partido Verde (PV) y el Partido del Trabajo (PT), lejos de ser votos confiables, están señalando sólo un apoyo condicional. En el caso del PV, eso puede significar concesiones políticas; en el del PT, el cálculo parece más defensivo, entre rumores de presiones políticas.
Esto va más allá de las matemáticas legislativas. Los analistas de la oposición han advertido de que, dependiendo de su alcance, la reforma podría consolidar aún más el control político de Morena, lo que plantearía aún más dudas sobre los controles institucionales y la longevidad democrática de México. Es posible que el sector privado y los inversores no estén demasiado centrados por ahora en estas cuestiones institucionales a largo plazo, pero una reforma que altera las reglas electorales de cara al ciclo electoral de 2027, abarca 17 estados y la Cámara de Diputados y, sin embargo, no logra el consenso entre los partidos, como mínimo introduce ruido e incertidumbre que pueden ralentizar las decisiones de capital cuando la inversión ya está disminuyendo.
De momento, no se ha presentado ningún proyecto oficial. La reforma está siendo conformada por una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, y se esperan aportaciones de diversos sectores. A grandes rasgos, Sheinbaum ha señalado que la propuesta buscará reducir el gasto de los partidos políticos, el INE y los organismos electorales locales (OPLEs); mejorar la fiscalización del financiamiento de las campañas; y ampliar el derecho al voto de los mexicanos en el extranjero al permitirles elegir a sus propios representantes. Sobre el delicado tema de la representación proporcional, ha aclarado que se mantendrán los escaños plurinominales, pero se reformará el método de asignación para reducir el control de los partidos, y cuántos pluris sería elegido sigue sin estar claro.
El lunes, líderes del partido (incluido el hijo de Andrés Manuel López Obrador), coordinadores legislativos y otras figuras clave de Morena se reunieron en Palacio Nacional para discutir el camino a seguir de la propuesta. La coreografía sugiere que la construcción de consensos internos es ahora el verdadero campo de batalla.
Las dinámicas externas pueden aumentar la presión, aunque sigue sin estar claro si a Washington le importan demasiado las instituciones democráticas de México. (Trump ha aparecido en titulares sugiriendo que son los cárteles, y no los cargos electos, quienes dirigen el país. Sea cual sea su intención y la narrativa oficial, a algunos les preocupa (y otros esperan) que las propuestas que reducen la autonomía o la capacidad de las instituciones electorales corran el riesgo de alimentar esa narrativa, justo cuando México entra en las primeras fases de revisión del USMCA. Hasta ahora Washington ha guardado silencio, y con el enfoque de Trump al menos por ahora en Europa, Morena esperará que se le dé un pase libre de Trump en las propuestas de reforma electoral, siempre y cuando cumpla en materia de inmigración, seguridad, drogas y comercio.
Identidad en el punto de mira: El registro de teléfonos móviles empieza con mal pie
Bastaron unas pocas horas para que se materializara una preocupación que llevaba meses latente. A pesar de las advertencias de la sociedad civil, los grupos de derechos digitales y algunos miembros de la industria, el despliegue del programa de registro obligatorio de teléfonos móviles de México desencadenó de inmediato su primer incidente de seguridad de datos, que afectó a Telcel, el mayor operador de telefonía móvil del país, con más de 84 millones de clientes.
Según los informes, al introducir cualquier número Telcel en el portal de registro se revelaban datos sensibles del cliente (nombre completo, fecha de nacimiento, CURP) sin verificación. Telcel negó cualquier violación sistémica de datos, calificándola de “vulnerabilidad técnica” debida al alto tráfico. Pero el daño ya estaba hecho: la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno anunció 20 investigaciones formales por posibles violaciones. Las campanas de alarma no venían esta vez de los activistas: venían de dentro de la casa.
Irónicamente, un sistema presentado como una herramienta para combatir la extorsión está alimentando ahora los riesgos de robo de identidad. Grupos de la sociedad civil, como R3D, instan al gobierno federal a suspender el programa, alegando la fragilidad de las plataformas y los apresurados plazos de implantación: 30 días, para ser exactos.
Desde la perspectiva del gobierno, el mensaje es claro: la responsabilidad recae en los operadores de telecomunicaciones, no en el Estado. La Presidenta Sheinbaum redobló la apuesta esta semana, subrayando que el registro “no tiene que ver con la vigilancia”, y que sólo los proveedores conservan los datos a menos que los soliciten las autoridades en el contexto de un delito.
Aun así, el sector privado se enfrenta a un terreno bastante difícil: plazos ajustados, costes elevados y escrutinio público, todo ello mientras el Estado abre una importante ventana de inversión mediante subastas de espectro 5G con descuento. Que esa subasta se traduzca en despliegue de infraestructuras dependerá de algo más que de los precios. En un entorno en el que el riesgo de incumplimiento se une a la desconfianza normativa, la verdadera cuestión no es solo quién gana el espectro: es quién se atreve a construir sobre él.
Reinventar el perro guardián
Morena presentó una iniciativa de ley para reformar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el fin de modernizar su estructura y alinearlo con entidades de reciente creación como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital. De acuerdo con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, el objetivo es construir un sistema con métricas definidas, mandatos coordinados entre niveles de gobierno y mayor visibilidad pública.
Para el sector privado, la propuesta supondría otro cambio en las expectativas y la supervisión reglamentarias, sobre todo en materia de contratación, auditoría y cumplimiento. Los grupos empresariales llevan mucho tiempo señalando la fragmentación de la aplicación y el escaso seguimiento como obstáculos sistémicos a la seguridad jurídica. Una arquitectura racionalizada y mejor coordinada podría, en principio, reducir la exposición a la aplicación discrecional y disminuir el riesgo para la reputación.
Aún así, la reforma entra en un panorama institucional saturado donde el manejo de la corrupción ha sido tanto una bandera política como una vulnerabilidad persistente. El plan de Ramírez Cuéllar incluye cambios constitucionales para impedir la reelección en la Agencia Federal de Auditoría (ASF), citando la necesidad de desmantelar lo que describió como redes de complicidad e ineficiencia. El momento coincide con la sustitución en marzo del actual titular de la ASF, lo que plantea interrogantes sobre si el motor es la mejora operativa o el control político.
Hasta ahora, la administración Sheinbaum ha expresado su apoyo al fortalecimiento de las herramientas anticorrupción, y Ramírez Cuéllar subrayó que el proceso de reforma incluirá la participación pública, privada y de la sociedad civil. Si este compromiso se traduce en controles, o simplemente en consentimiento, determinará las reacciones del mercado.
Chatterbox:
- Operaciones del Tribunal Supremo. La Suprema Corte dictaminó que sus sentencias previas en casos de amparo atraídos directamente, son definitivas e inmunes a revisión. La decisión formaliza una premisa sostenida desde hace mucho tiempo, pero no explícitamente escrita: una vez que la Corte se pronuncia sobre un caso que decide conocer, ese es el final del camino. El Tribunal razonó que permitirse revisar sus propias decisiones crearía de hecho una segunda cámara inexistente, violando tanto la estructura constitucional como la lógica de la finalidad jurídica. En resumen, no hay un tribunal superior al que apelar cuando actúa el más alto tribunal.
- Lógica circular: La nueva ley promete sostenibilidad por comisión. El gobierno federal promulgó esta semana la Ley de Economía Circular, posicionándola como piedra angular de la política ambiental nacional. La medida crea un ecosistema institucional completo, encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y apoyado por otras siete dependencias federales, para ampliar los ciclos de vida de los productos, minimizar los residuos y promover la reutilización mediante la rendición de cuentas de los productores y auditorías voluntarias. La ley también introduce un nuevo registro nacional y una etiqueta de sostenibilidad, herramientas diseñadas para animar a las empresas a alinear la producción con los objetivos de circularidad, cumpliendo al mismo tiempo las normas medioambientales.
Contacto:
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
laura.camacho@miranda-partners.com
Gilberto García
Socio y Jefe de Inteligencia
gilberto.garcia@miranda-partners.com
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