Telecos: Derechos del consumidor frente a incentivos a la inversión
A partir del 8 de mayo, el Senado pondrá en marcha foros de debate sobre la ambiciosa ley de telecomunicaciones del Gobierno. Este proceso se detuvo después de que estallara una reacción pública contra la propuesta de otorgar al gobierno el poder de censurar las plataformas digitales, lo que puso el tema en el candelero.
La reforma de las telecomunicaciones en México promete, sobre el papel, una era mejor para los consumidores. La buena noticia potencial: la ley promete ventajas reales y tangibles para los usuarios. Los teléfonos vinculados a planes de pospago deben venir desbloqueados desde el primer día. ¿Términos contractuales forzados? Prohibidas. Las compañías no podrán ofrecerte ventajas de fidelidad para mantenerte atado, ni perseguirte durante 60 días si te pasas a otro proveedor. Estos cambios, si se aplican, podrían dar a los consumidores la movilidad y claridad que en parte se les ha negado.
Pero hay una trampa: en lo que se refiere a la protección del consumidor, la reforma fragmenta la autoridad reguladora. La nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se hace cargo de la calidad del servicio y la supervisión del espectro. Mientras tanto, la PROFECO -el organismo de control de los consumidores de México- se encargará de gestionar las quejas, supervisar el cumplimiento de los contratos y sancionar a los proveedores. La única agencia con experiencia real en la materia, el IFT, está desapareciendo, fuera del juego que ayudó a regular.
Todo esto ocurre en un mercado que sigue dominado por Telcel, que tiene una cuota de ingresos de 70% en telefonía móvil. Sin un verdadero músculo institucional e independencia, los derechos de los consumidores corren el riesgo de convertirse en una sección más de la ley que se ve muy bien en los comunicados de prensa, pero se ignora silenciosamente en la práctica. La retórica es prometedora, pero los resultados determinarán si se trata de una verdadera reforma o de una fachada.
Además, hay que tener en cuenta que los costes de la telefonía móvil en México han bajado y ahora son más baratos que en la mayoría de los países de la OCDE. Según la OCDE, entre 2013 y 2022, los precios de los datos móviles en México cayeron alrededor de 70%, en su mayoría siguiendo las tendencias mundiales, pero también ayudados por una mayor competencia y cambios regulatorios en el sector.
Al mismo tiempo, la ley también debe reconocer que la inversión a largo plazo en infraestructuras -especialmente en sectores de alto coste como las telecomunicaciones- requiere un marco estable en el que los operadores establecidos puedan obtener un rendimiento justo del capital, sin explotar al consumidor ni obstaculizar la competencia leal. Con tantos grupos poderosos en juego y tratando de influir en la legislación -el gobierno, Morena, Televisa, AMX, Grupo Salinas, AT&T, Wal-Mart y USMCA, entre otros- no será fácil equilibrar todos los intereses creados y dar prioridad a lo que es correcto para el consumidor.
La semana de 40 horas en México: Gran reforma, denle cinco años
Tras años de estancamiento, la tan esperada iniciativa para reducir la semana laboral en México por fin está en marcha, pero se trata de un maratón, no de un sprint. La Presidenta Sheinbaum confirmó que el cambio a una semana laboral de 40 horas se introducirá lentamente, hasta su plena aplicación en 2030. El objetivo es ampliar los derechos laborales sin desestabilizar a las pequeñas empresas, que ya se encuentran bajo presión.
México sigue siendo uno de los países más sobrecargados de trabajo del mundo. Con 2.200 horas anuales por trabajador, la semana de 40 horas puede estar a años de distancia, pero al menos ya está oficialmente en la agenda.
Actualmente, la legislación mexicana permite un horario de seis días y 48 horas, uno de los más largos de la OCDE. Con el nuevo plan, los trabajadores tendrán un día más de descanso, aunque aún no está claro si será a través de jornadas más cortas o de un día de descanso adicional. En cualquier caso, sería la reforma laboral más importante desde 1917.
Aun así, el despliegue será cauteloso. El gobierno de Sheinbaum está dando prioridad al consenso en la materia, con foros nacionales programados para junio y julio. Empresarios, sindicatos y académicos intervendrán. Los funcionarios insisten en que la productividad no se resentirá, pero los grupos patronales no están convencidos.
COPARMEX ha expresado serias preocupaciones. Sostiene que muchas empresas podrían verse obligadas a cerrar o pasar al sector informal de la economía sin incentivos fiscales ni horarios flexibles. Es mucho lo que está en juego, pues más de la mitad de la mano de obra mexicana ya está en paro.
La estrategia de Sheinbaum refleja esa tensión. Un despliegue rápido podría animar a su base, pero arriesgarse a inquietar a los inversores en una economía incierta. Un camino lento preserva la estabilidad, pero corre el riesgo de perder impulso. La postura de la administración es favorecer la deliberación frente a la perturbación.
La soberanía no está en venta: Sheinbaum rechaza la oferta de tropas de Trump
Claudia Sheinbaum ha vuelto a optar por la moderación en lugar de la escalada en respuesta a los últimos comentarios de Donald Trump. En una llamada entre ambos líderes, ahora confirmada, Trump planteó la idea de enviar tropas estadounidenses a México para ayudar en la lucha contra los cárteles de la droga. La respuesta de Sheinbaum fue inequívoca: compartir información, sí; pero no enviar tropas extranjeras a suelo mexicano. “Podemos compartir información”, dijo. “Pero nunca aceptaremos la presencia de militares estadounidenses en nuestro territorio”.”
Trump, como era de esperar, no lo dejó pasar. En declaraciones a la prensa durante el fin de semana, afirmó que Sheinbaum rechazó la oferta por miedo. “Tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”, dijo, calificándola de “mujer encantadora”, su habitual cóctel de insultos y elogios indirectos. Sheinbaum, por su parte, se negó a participar. “No merece la pena”, dijo el lunes, subrayando que las relaciones entre Estados Unidos y México siguen siendo “muy buenas” y que los desacuerdos deben tratarse en privado, no a través de la prensa.
Su estrategia es clara: evitar convertirse en papel de aluminio en la escalada retórica de Trump y, al mismo tiempo, salvaguardar las ventajas comerciales de México en una economía global turbulenta. De momento, la estrategia sigue funcionando. Hace apenas unos días, México se aseguró una exención clave de los nuevos aranceles estadounidenses sobre los automóviles, un recordatorio de que el discreto enfoque de Sheinbaum está produciendo beneficios en el mundo real.
Pero la cuestión de la seguridad no va a desaparecer. Trump situó el fentanilo y la violencia de los cárteles en el centro de su campaña, intensificando las peticiones de medidas de mano dura y culpando a México de la crisis. Su directiva de enero de ampliar la actividad militar en la frontera fue sólo el principio. Las propuestas para designar a los cárteles como grupos terroristas extranjeros e intensificar la vigilancia no han hecho sino aumentar la presión sobre México para que actúe según las condiciones de Estados Unidos.
Sheinbaum se mantiene firme. En el marco de su estrategia de seguridad, sigue exhibiendo detenciones e incautaciones de drogas, rompiendo con la filosofía de su predecesor de “abrazos, no balas”. En una rara alineación, celebró la promesa de Trump de tomar medidas drásticas contra el tráfico de armas desde Estados Unidos, calificándola de paso “histórico”.
Banco de la Sospecha: La elección judicial en México se convierte en una galería de pícaros
A pocas semanas de las primeras elecciones judiciales de la historia de México, los líderes del Congreso han lanzado un desafío de alto riesgo a la integridad del proceso. El Senado y la Cámara de Diputados pretenden inhabilitar a 26 candidatos a puestos judiciales, alegando investigaciones penales, conflictos de intereses y deficiencias académicas.
De los señalados, 18 se enfrentan a investigaciones federales en curso por delitos graves, como delincuencia organizada, agresión sexual, abuso de autoridad y desaparición forzada. Algunos incluso tienen órdenes de detención pendientes. Otros fueron anteriormente asesores jurídicos de figuras de los cárteles, lo que plantea dudas sobre su imparcialidad e idoneidad para el cargo.
Los ocho restantes no cumplieron la norma académica constitucional, con un promedio académico inferior a 8,0. Los legisladores subrayaron que el umbral de notas no simboliza una medida de referencia de la preparación ética y profesional de un poder judicial que ahora responderá directamente ante el público.
A pesar de la gravedad de los resultados, las autoridades electorales siguen divididas. El Congreso quiere inhabilitaciones inmediatas, mientras que los funcionarios electorales sostienen que las impugnaciones deben resolverse después de la votación. El resultado es un punto muerto institucional y una creciente frustración por parte de los legisladores, que creen que los órganos de verificación de antecedentes no han aplicado normas claras. Los legisladores están presionando para que se tomen medidas urgentes, advirtiendo que si estos candidatos no permanecen se corre el riesgo de socavar la propia reforma destinada a restaurar la confianza en el sistema judicial.
Lo que está en juego no podría ser mayor, ya que 881 puestos se someten a votación popular. Si estos 26 candidatos llegan a la votación sin ser controlados, la credibilidad de todo el proceso puede pender de un hilo.
El Plan C sigue su curso: grandes reformas, pocos resultados
La última sesión legislativa de México terminó con una celebración, pero no se completó. Los legisladores aclamaron una ola de reformas constitucionales, pero gran parte del trabajo de base necesario para convertir esos cambios en políticas reales sigue inacabado. Más de la mitad de las llamadas reformas del Plan C, impulsadas por López Obrador y la presidenta Sheinbaum, siguen en el limbo.
De las 17 enmiendas aprobadas desde febrero de 2024, sólo un puñado están respaldadas por legislación secundaria. Ocho permanecen totalmente sin reglamentar, y cinco más se enfrentan a plazos inminentes. Entre las estancadas se encuentran importantes reformas en materia de seguridad nacional, derechos indígenas, salarios públicos y ferrocarril de pasajeros. Incluso las propias reformas de Sheinbaum están retrasadas: tres de cuatro carecen del marco legal necesario para entrar en vigor.
Una sesión extraordinaria en junio o julio puede reactivar el impulso, pero las expectativas son modestas. Los legisladores tienen previsto abordar sólo tres temas: legislación sobre seguridad, una controvertida reforma de las telecomunicaciones y nuevas normas sobre desapariciones forzadas. El resto tendrá que esperar.
Contacto:
Gilberto García
Socio y Jefe de Inteligencia
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Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
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