Reforma electoral: Rediseñando las reglas, manual de un partido a la vez
La Presidenta Sheinbaum inició formalmente el proceso de reforma electoral de su administración durante su conferencia de prensa del 4 de agosto, anunciando una serie de foros y encuestas destinados a dar forma a la agenda de la reforma. Enmarcadas como un ejercicio de participación democrática de abajo arriba, las propuestas centrales son eliminar los escaños de representación proporcional (los llamados plurinominales), reducir la financiación pública de los partidos políticos y bajar aún más los sueldos de los altos cargos del gobierno. Casi todos los analistas prevén que las reformas consolidarán aún más el poder de Morena, dado que los leales a Morena elaborarán las nuevas leyes.
El mensaje, reiterado a lo largo de su intervención, fue calibrado para alinearse con el descontento ciudadano: “El pueblo dice: no más plurinominales, No más financiamiento excesivo, no más burocracias doradas”. En cuanto a las preocupaciones institucionales, el presidente hizo hincapié en la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la protección del registro de votantes, dos áreas que fueron objeto de los esfuerzos de reforma anteriores de Morena. Sin embargo, a falta de un proyecto de ley, es casi seguro que la fase de consulta funcionará más como una herramienta de legitimación que como un proceso abierto de deliberación.
La comisión encargada de diseñar la propuesta legislativa estará encabezada por el economista de izquierda y acérrimo de Morena Pablo Gómez, quien hasta hace poco dirigía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su nombramiento se dio a conocer discretamente el fin de semana a través de una nota informativa interna. La integración de la comisión se formalizó más tarde en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), ofreciendo una imagen más clara de la arquitectura política detrás del esfuerzo de reforma.
Además de Gómez, la comisión incluirá a figuras clave de la actual administración: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Pepe Merino, titular de la ATDT; Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia; Lázaro Cárdenas Batel, secretario de Gobernación; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores, y Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque el decreto permite la participación de representantes del Congreso, la academia, la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas, dichos participantes asistirán estrictamente en calidad de asesores, sin derecho a voto.
Los partidos de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su oposición desde el principio. Los críticos sostienen que la eliminación de los mecanismos de representación proporcional erosionaría el pluralismo en el Congreso, afectando especialmente a los partidos minoritarios en los estados dominados por una única fuerza política. Los recortes a la financiación pública, añaden, debilitarían desproporcionadamente a los partidos más pequeños, inclinando aún más la balanza a favor de la coalición gobernante.
También han resurgido propuestas recurrentes para permitir la elección directa de los consejeros del INE y consolidar los organismos electorales locales en una única entidad nacional. Los observadores advierten que tales cambios podrían centralizar el control y diluir la supervisión local, allanando el camino para la influencia del ejecutivo en los procesos electorales.
Voces institucionales, entre ellas el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, han subrayado que la reforma corre el riesgo de consolidar el poder en Morena en lugar de fortalecer la democracia. Organizaciones como Artículo 19 y Causa en Común han descrito el proceso como un intento de institucionalizar el centralismo electoral bajo la bandera de la austeridad y la simplificación.
Suponiendo que en 2024 sólo hubiera diputados de elección directa, Morena, PVEM y PT habrían ganado 254 de los 300 escaños u 85% del total. Pero como el PRI y el PAN ganaron relativamente más de los 200 escaños de elección proporcional, la alianza Morena terminó con 73% del Congreso. Como esto sugiere, un factor clave en el resultado de la elección serán las reglas que rigen las alianzas entre partidos. De hecho, el Partido Verde y el PT obtuvieron mejores resultados en escaños de elección directa en 2024, ya que Morena les cedió puestos de elección directa para eludir las reglas que rigen la sobre representación de cualquier partido cuando se trata de la asignación de escaños de elección proporcional. Sin la regla de sobrerrepresentación, Morena podría no tener el mismo incentivo para ceder puestos de elección directa a estos partidos satélites, que por lo tanto podrían resistirse a los cambios electorales -especialmente si ya no hay diputados de elección proporcional adicionales que obtener.
Beneficio colateral: Cambio en la UIF en un momento crucial
La presidenta Sheinbaum también anunció a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la UIF, en sustitución de Pablo Gómez. El prestigio y la credibilidad de la UIF estaban en entredicho desde que el Tesoro estadounidense señaló a tres entidades financieras mexicanas -Ci Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- por presuntos vínculos con la financiación del narcotráfico. Pablo Gómez también era visto como leal a AMLO, el ex Presidente, más ideológico de izquierda que técnico, y al parecer había estado investigando operaciones financieras de funcionarios cercanos a Sheinbaum, entre ellos Edgar Amador, el actual secretario de Hacienda. Seguramente era incómodo para Sheinbaum tener a un aliado de AMLO en un puesto tan crítico.
Abogado con experiencia en operaciones de seguridad, Reyes supervisó anteriormente el subsistema penitenciario de la Ciudad de México bajo la administración local de Sheinbaum, gestionando intervenciones basadas en inteligencia en centros de detención de alto riesgo. Sus funciones posteriores en la Policía Industrial y Bancaria y como enlace de México con la Interpol consolidaron aún más sus credenciales como operativo de seguridad más que como regulador financiero. Sus estrechos vínculos con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, refuerzan aún más la percepción de cohesión interna por encima de consideraciones políticas.
Pausa arancelaria: El respiro de 90 días para México viene con ventajas
A menos de 12 horas de la implementación programada de los nuevos aranceles estadounidenses, México logró un aplazamiento de 90 días tras una llamada de 40 minutos entre los presidentes Trump y Sheinbaum. El acuerdo detiene, por ahora, el arancel 30% propuesto sobre las exportaciones mexicanas que no cumplan con el USMCA, manteniendo los aranceles actuales -25% sobre bienes que no cumplan con el USMCA, 50% sobre automóviles (con excepciones), acero, aluminio y derivados del cobre- en los niveles existentes. Aunque Sheinbaum enmarcó el resultado como un éxito diplomático, y a Trump como producto de la “fuerza negociadora”, vino acompañado de una ‘’concesión’’, que bien podría ser positiva para el clima de inversión de México.
Como parte del acuerdo, México se comprometió a la “eliminación inmediata” de un amplio conjunto de barreras no arancelarias, un lenguaje lo suficientemente vago como para parecer de procedimiento, pero con implicaciones institucionales. Estas supuestas barreras están integradas en la estructura operativa del Estado mexicano: autorizaciones farmacéuticas por parte de la COFEPRIS, procedimientos aduaneros y portuarios, restricciones agrobiotecnológicas, requisitos de comercio digital, controles del mercado energético y marcos de telecomunicaciones heredados. Las implicaciones sólo se conocerán a medida que avancen las negociaciones, pero muchos en el sector privado de México estarán encantados si EE.UU. obliga al gobierno de México a tratar a las empresas privadas -ya sean estadounidenses, mexicanas o europeas- de manera más justa y eficiente.
La Casa Blanca ha sido explícita. La Secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, subrayó que la prórroga de 90 días no es una ventana de negociación, sino un calendario de resultados. En caso de que EE.UU. considere que no se ha avanzado lo suficiente en materia de barreras normativas, la escalada arancelaria sigue sobre la mesa.
El acuerdo actual puede haber neutralizado la amenaza arancelaria inmediata, pero ha reposicionado el campo de batalla. Al aceptar compromisos de reforma en diversos ámbitos regulatorios, México ha abierto su marco nacional a la presión externa, sentando un importante precedente de cara a la revisión del USMCA en 2026. Y para muchos en México preocupados por la falta de contrapesos al gobierno de Morena, será una buena noticia.
‘Disculpe las molestias’: 18 años después, Vallarta queda libre
Tras casi dos décadas de prisión preventiva, Israel Vallarta -la mitad mexicana del controvertido caso “Cassez-Vallarta”- fue puesto en libertad la semana pasada. El anuncio brindó a la presidenta Sheinbaum la oportunidad de denunciar las prácticas policiales del pasado; sin embargo, la presidenta tuvo cuidado de señalar que la liberación del Sr. Vallarta fue una decisión judicial, tomada de forma independiente por la juez Mariana Vieyra Valdés. “El gobierno federal no intervino”, declaró en su conferencia de prensa del 4 de agosto. Destacó que la detención de Vallarta se escenificó para la televisión e incluyó torturas, describiéndola como un símbolo de una época en la que la justicia funcionaba como espectáculo.
Transmitido en tiempo real bajo la dirección del entonces jefe de la policía federal, Genaro García Luna, el caso ha llegado a simbolizar los excesos de la anterior estrategia de seguridad de México: pruebas fabricadas, confesiones forzadas y detenciones muy publicitadas diseñadas más para obtener capital político que para combatir realmente el crimen. Para López Obrador, el caso se convirtió en un recurso retórico. Con Sheinbaum, se ha reformulado como una mala práctica institucional corregida por el proceso judicial.
Pero la atención se amplió rápidamente más allá del caso en sí. Sheinbaum aprovechó el momento para contrastar el silencio de los medios de comunicación durante los años de Calderón con las críticas actuales a la reforma judicial propuesta por su administración. Desafió a los detractores que ahora piden moderación institucional. Sin embargo, señaló que permanecieron en silencio cuando Genaro García Luna -ahora encarcelado en EE.UU. por cargos relacionados con el narcotráfico- dirigía el aparato de seguridad del país.
La jueza en el centro de la decisión, Mariana Vieyra Valdés, no carece de contexto político. Según los medios de comunicación, Vieyra apareció como candidata #14 en la papeleta del 1 de junio para la elección de jueces. Su nombre apareció en varias de las “hojas de trampa” o acordeones circularon en Toluca-documentos que desataron la controversia sobre la integridad del proceso de selección.
Aunque el fallo se presentó como independiente, la óptica es compleja. Una jueza asociada al nuevo modelo de selección judicial, cuestionada por su inclusión en las papeletas premarcadas, dicta una decisión con un profundo peso simbólico, tanto jurídico como político.
A la pregunta de si el gobierno federal presentaría una disculpa oficial a Vallarta, Sheinbaum se remitió al procedimiento, afirmando que, según la legislación vigente, la petición debe proceder del propio Vallarta.
Contacto:
Gilberto García
Socio y Jefe de Inteligencia
gilberto.garcia@miranda-partners.com
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
laura.camacho@miranda-partners.com
Descargar PDF: MI-PublicAffairsChatter-080525