Diplomacia con fecha límite: México se prepara para los aranceles de Trump
El 1 de agosto sigue siendo la fecha límite para la imposición de un amplio arancel 30% sobre algunas o todas las exportaciones mexicanas a EE.UU., salvo acuerdo previo (sigue sin estar claro si esto se aplicaría a todas las exportaciones o, como se ha informado ampliamente, a las exportaciones no conformes con la USMCA). El Secretario de Comercio Howard Lutnick fue inequívoco en Fox News: “Sin periodos de gracia, sin prórrogas... las oficinas de aduanas empezarán a recaudar dinero, y se acabó”. La carta de la Casa Blanca enviada a la presidenta Sheinbaum caracteriza los aranceles como represalias por lo que la administración Trump considera una acción insuficiente en materia de migración y fentanilo, dos piedras angulares de las promesas de campaña del presidente.
Los analistas anticipan que Trump seguirá utilizando un patrón familiar de palo y zanahoria, en consonancia con las negociaciones anteriores con Japón y la UE. Un arancel base 30% sigue siendo la principal amenaza si no se alcanza un acuerdo antes del 1 de agosto. Sin embargo, los precedentes importan: en marzo, EE. UU. suspendió indefinidamente los aranceles sobre los productos mexicanos y canadienses que cumplían con el USMCA, lo que plantea la cuestión de si Trump mantendrá esa exención u optará por un cambio más amplio y de mayor confrontación. Los recientes esfuerzos de México -recesos récord en la migración irregular y en la aplicación de la ley sobre el fentanilo- podrían ofrecer una ventaja en la negociación, siempre que acepte condiciones añadidas vinculadas a la inversión, la contratación pública o los ajustes regulatorios.
El mejor escenario posible sería un arancel base de 15% sobre las exportaciones no conformes con el USMCA, junto con mayores exigencias estadounidenses en materia de normas laborales, reglas de origen y certificación de contenidos. Pero persisten los temores de un arancel base más bajo incluso para los productos que cumplan el USMCA. El equipo negociador de México -dirigido por el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard- está presionando con fuerza para conseguir una exención total de los bienes calificados por el USMCA, aunque Washington podría exigir a cambio umbrales de cumplimiento más estrictos. Como dijo un analista: “Trump crea la tormenta y luego vende la calma”.”
La Presidenta Sheinbaum sigue manteniendo la compostura. “Seguimos en conversaciones”, señaló en su conferencia de prensa del 28 de julio, en la que destacó las reuniones con el embajador Ron Johnson y miembros del Congreso. Según el embajador estadounidense Ronald Johnson, que compartió los detalles a través de su cuenta X, la delegación estaba encabezada por el congresista republicano French Hill, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
México también ha reforzado sus vínculos comerciales con otros países, firmando marcos actualizados con la Unión Europea y el Reino Unido en los últimos meses. Pero con más de 80% de las exportaciones mexicanas destinadas a EE.UU., estos acuerdos no protegerán a México de los daños, ni a corto ni a largo plazo.
Debido a las amenazas arancelarias, la Secretaría de Hacienda de México ha señalado probables trastornos en la logística fronteriza, el tráfico aduanero y presiones inflacionistas. Los grupos industriales están lanzando ahora advertencias punzantes. CONCAMIN y CANACINTRA han pedido al gobierno federal que defienda las cadenas de suministro clave. Los gobernadores de los estados del norte, cuyas economías dependen en mayor medida de las exportaciones, han expresado su preocupación por las consecuencias tanto económicas como políticas de un posible peor escenario sin exenciones para las mercancías que cumplen con el USMCA, que aún no se ha descartado oficialmente.
Pero aunque el daño económico de los aranceles es real, políticamente a Sheinbaum (como a muchos otros líderes políticos de todo el mundo) le beneficia que se vea que defiende a la madre patria frente al percibido matón estadounidense. La amenaza arancelaria estadounidense también distrae la atención de cuestiones locales difíciles, como el presunto papel de los políticos de Morena en el contrabando de combustible. Si después de todo México consigue un acuerdo arancelario razonablemente bueno, entonces Trump puede resultar haber sido una bendición política disfrazada para el Presidente, aunque no lo sea económicamente para el país.
El poder judicial entra en la cuarta transformación
El Tribunal Supremo saliente de México se prepara para ceder el testigo a un nuevo tribunal el 1 de septiembre. Sus dos salas se disolverán, como lo ordena la reforma judicial, y todos los casos serán revisados y decididos por el pleno de la Corte, que estará integrado por nueve magistrados (de los 11 actuales) encabezados por el Presidente entrante, Hugo Aguilar. El Tribunal Supremo reanudará sus trabajos el 4 de agosto con una sesión solemne para inaugurar un nuevo mandato, lo que supondrá la despedida del actual Tribunal, que sólo celebrará dos sesiones más, el 5 y el 12 de agosto. El día 14, el Presidente saliente Piña publicará el informe final de la Corte.
El cambio que se avecina es más que procesal, es institucional. La nueva composición de la Corte, encabezada por el nuevo presidente Hugo Aguilar e integrada por figuras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Estela Ríos y otras, ha sido descrita como una reconfiguración populista de una institución tradicionalmente tecnocrática. La cohorte hace hincapié en la transparencia, la austeridad y las sesiones de cara al público, mientras que los críticos señalan los estrechos vínculos políticos con Morena y el ejecutivo, incluyendo afiliaciones previas con AMLO y la presidenta Sheinbaum. Grupos de la sociedad civil advierten que la alineación de la nueva Corte puede debilitar la independencia judicial, particularmente en las sentencias sobre disputas electorales, gobierno militar y supervisión presidencial.
Diversos medios nacionales han reportado que la Corte saliente deja un rezago de más de 1,000 casos sin resolver para la nueva bancada. Entre los más trascendentes se encuentran: la reforma especial hipotecaria propuesta por la presidenta Sheinbaum; los llamados “superpoderes” otorgados a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei; la creación del Sistema Nacional de Salud Pública (Sistema de Salud para el Bienestar); y la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de telecomunicaciones.
Además, el Tribunal Supremo se dispone a deliberar sobre dos casos que podrían eliminar o restringir el uso de la prisión preventiva y la detención obligatorias (arraigo). El primero se refiere a una revisión de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso García Rodríguez contra México, en el que la CIDH determinó que la Constitución mexicana viola los derechos humanos mediante el uso de la prisión preventiva obligatoria. El segundo es un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las disposiciones de detención automática.
Se espera que estas sentencias pendientes configuren los límites jurídicos de la Cuarta Transformación y pongan a prueba la autonomía del Tribunal reconfigurado.
Menos partidos, menos problemas: para el partido gobernante
Morena ha confirmado que la reforma electoral será una prioridad clave en la próxima sesión legislativa de septiembre. Aunque no se ha dado a conocer un proyecto oficial, las señales centrales son claras: la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su apoyo a un INE simplificado, una reducción del número de partidos políticos y la eliminación de los escaños de representación proporcional (plurinominales). El marco oficial hace hincapié en la modernización, la reducción de costes, la simplificación y la eficacia. Sin embargo, los observadores sostienen que las propuestas podrían socavar el pluralismo y consolidar el dominio del partido gobernante.
Los ex funcionarios electorales Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y Ciro Murayama advierten que la reforma debilitaría la arquitectura competitiva del sistema: menos escaños proporcionales, menor financiamiento a partidos minoritarios y una autoridad electoral más complaciente. Organizaciones de la sociedad civil, como Causa en Común y Artículo 19, han descrito la tendencia como una “deriva hegemónica”, en la que las elecciones siguen siendo técnicamente libres pero cada vez menos competitivas en la práctica.
Elementos de esta agenda ya han aparecido anteriormente -en 2022 y 2024-, incluidos los esfuerzos para fusionar los organismos electorales locales en un INE centralizado, recortar el financiamiento público a los partidos y elegir a los consejeros electorales a través del voto popular. Cada medida, argumentan los críticos, consolida una ventaja estructural para el partido en el poder. El ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, lo expresó sucintamente: “Si el gobierno controla el INE, las elecciones se convierten en un mero trámite”.”
Sus defensores aducen urgencia, responsabilidad fiscal y agilización administrativa. Pero las reformas constitucionales avanzadas sin estudios de diagnóstico, aportaciones de expertos o consenso entre partidos han hecho saltar las alarmas. Como señaló un analista: “Las elecciones continuarán, pero lo que está en juego y el espacio para una competencia real puede que no”.”
Contacto:
Gilberto García
Socio y Jefe de Inteligencia
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Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
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