Primer día de Trump 47: la volatilidad vuelve con toda su fuerza
Tras su toma de posesión como 47th El presidente Donald Trump no ha perdido el tiempo y ha convertido sus promesas electorales en un aluvión de órdenes ejecutivas de gran alcance, algunas de ellas sobre inmigración y seguridad fronteriza. Sus acciones reflejan la determinación de cumplir su retórica combativa, subrayada por medidas para suspender la entrada de personas consideradas parte de una “invasión”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha encargado de reforzar las defensas fronterizas, aumentar las deportaciones e imponer protocolos de visado más estrictos, especialmente a los países considerados de alto riesgo.
Para México, las consecuencias son inmediatas. La reactivación de la ampliación del muro fronterizo, el aumento de los despliegues de personal y políticas como la de “Permanecer en México” pueden crear pesadillas logísticas y humanitarias, forzando a los solicitantes de asilo a los sistemas mexicanos, ya de por sí sobrecargados. El énfasis continuo de la presidenta Sheinbaum en la soberanía y la cooperación regional contrasta fuertemente con la postura agresiva de Trump, pero hasta ahora ha sido insuficiente para sofocar la agresividad del nuevo ocupante del Despacho Oval.
Para complicar aún más las cosas, el impulso de Trump para etiquetar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) abre la puerta a acciones unilaterales de Estados Unidos, potencialmente incluso una intervención militar. El Presidente y su equipo no se anduvieron con rodeos, declarando en un Orden ejecutiva que “en ciertas partes de México, [los cárteles] funcionan como entidades casi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad”. La designación de FTO añadiría responsabilidad penal adicional para las personas estadounidenses que proporcionen apoyo material o recursos a los cárteles, y facilitaría la incautación de los activos del grupo por parte del gobierno estadounidense o en litigios privados por parte de las víctimas de la violencia de los cárteles.
Podría decirse que la principal preocupación sobre la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no radica en el apoyo directo al narcotráfico (para el que las sanciones ya son enormes, y que todas las empresas convencionales evitan), sino en sectores no relacionados con el narcotráfico en los que los cárteles están probablemente implicados (por ejemplo, la extorsión de empresas ordinarias, el turismo y la agricultura). Los pagos de extorsión a las FTO, incluso bajo coacción, podrían considerarse una violación de la nueva designación de EE.UU., lo que aumentaría los costes de cumplimiento y los riesgos de reputación para garantizar que se evitan. Así pues, las empresas tendrán que reforzar la diligencia debida, asegurándose de que no tienen vínculos con las FTO en ningún sector, dado que las sanciones incluyen la confiscación de activos y cargos penales.
La designación de FTO también podría complicar el acceso de algunos bancos locales a bancos y entidades de pago internacionales, que podrían considerarlos demasiado arriesgados como para molestarse en tratar con ellos tras la designación de FTO. Será mucho más fácil justificar el trato con las sucursales mexicanas de BBVA, HSBC, Santander o Banorte, que con pequeños bancos mexicanos independientes, potencialmente con una cultura y normas de cumplimiento menos sólidas y que, sin saberlo, pueden estar tratando con FTO ajenas al narcotráfico, trasladando el riesgo a sus bancos corresponsales. (Por otra parte, el Departamento del Tesoro tendría que excluir a las instituciones financieras no estadounidenses de las cuentas de corresponsalía en EE.UU. por realizar a sabiendas transacciones significativas para grupos sancionados como terroristas mundiales especialmente designados).
La posible imposición del arancel 25% a los productos mexicanos y canadienses es, por supuesto, lo que más preocupa, aunque está lejos de confirmarse. Si esto se hace realidad, pondría en peligro las cadenas de suministro de América del Norte, profundamente interconectadas, amenazando a industrias mexicanas como la automotriz y la electrónica, al tiempo que impondría costos más altos a los consumidores y productores por igual. La mera mención de que Trump estaba “pensando” en imponer aranceles provocó un repunte inmediato en los mercados de divisas, subrayando las implicaciones muy reales de tales medidas. Dicho esto, muchos asumen que se trata de una estrategia de negociación de Trump y que dichos aranceles se evitarán o serán de corta duración. No tiene mucho sentido estratégico castigar a sus vecinos, México y Canadá, y ayudar así a sus rivales en Asia.
La administración Sheinbaum se enfrenta a una tarea de enormes proporciones, en la que el lenguaje conciliador y los gestos simbólicos no bastarán, pero no se encontrarán soluciones evidentes. El gobierno mexicano ha empezado a movilizarse para la oleada de deportaciones prevista, convocando reuniones de alto nivel para mitigar las consecuencias humanitarias y económicas. Sin embargo, cabe preguntarse si estos preparativos serán suficientes en medio de las limitaciones fiscales y las crecientes presiones internas.
Una hoja de ruta para la conectividad: La visión de Sheinbaum sobre las infraestructuras
La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un ambicioso plan de infraestructura carretera para mejorar la conectividad regional y la integración económica. Este plan prioriza la modernización de carreteras críticas en zonas económicamente estratégicas, como el Bajío y el sureste. Con más de 1.000 kilómetros de carreteras nuevas o modernizadas, la iniciativa pretende reforzar la logística, reducir los costes de transporte y atraer inversiones a zonas desatendidas.
Si se implementa con éxito, este impulso a la infraestructura podría posicionar a México como un actor más competitivo en el nearshoring, y aunque la Presidenta Sheinbaum hizo hincapié en las asociaciones con las partes interesadas del sector privado, persiste el escepticismo sobre la viabilidad de tales colaboraciones dadas las recientes reformas, y lo que algunos perciben como mensajes contradictorios con respecto al sector privado.
La compra de Altán por la CFE y las consecuencias de la subasta 5G
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha aprobado con condiciones la adquisición por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de una participación de 23% en Altán Redes, lo que refleja su preocupación por la concentración y la equidad del mercado. Al ordenar la independencia operativa y restringir el intercambio de información, el IFT pretende evitar que la CFE aproveche su dominio energético para distorsionar la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Si bien estas salvaguardias son cruciales, ponen de relieve los retos actuales de equilibrar la participación del Estado con la dinámica del sector privado en el panorama de las telecomunicaciones en México. Esta medida plantea interrogantes sobre si los agentes del sector se enfrentarán a más obstáculos a la hora de competir con entidades que cuentan con un importante respaldo estatal, lo que podría limitar la innovación y la capacidad de elección de los consumidores en un mercado que ya se enfrenta a problemas de equidad y acceso.
La reciente cancelación de la subasta 5G por parte del IFT pone de manifiesto la incertidumbre regulatoria en un sector crucial para el crecimiento económico. Aunque el IFT atribuye la decisión a la falta de propuestas viables de operadores y fabricantes, subraya retos estructurales más profundos para atraer inversión tecnológica, al menos durante el periodo de transición mientras se implementan las recientes reformas constitucionales. Esta incertidumbre regulatoria, unida a los elevados costes que, según algunos operadores, ponen en peligro la viabilidad financiera de las nuevas inversiones, constituyen importantes obstáculos para avanzar en la competitividad de las telecomunicaciones en México. Esto es especialmente crítico en un momento en que la 5G podría desempeñar un papel fundamental en el aprovechamiento de las oportunidades de deslocalización y la mejora de la conectividad digital en las zonas desatendidas.
Los directores generales de Canadá y México se alinean con Sheinbaum en una estrategia de inversión conjunta para 2025
El reciente Diálogo de Directores Generales entre líderes empresariales canadienses y mexicanos dio lugar a un plan de trabajo conjunto centrado en impulsar el comercio, promover la inversión en sectores estratégicos y aprovechar las oportunidades de deslocalización. Industrias clave como la automotriz, las energías renovables y la minería ocuparon un lugar destacado en las discusiones, en consonancia con el impulso de México para aumentar su papel en las cadenas globales de valor. Para la Presidenta Sheinbaum, aunque el diálogo se consideró una pequeña victoria en medio de las tensiones con EE.UU., persisten los retos para traducir estos acuerdos en resultados tangibles en medio de las continuas preocupaciones en materia de regulación e infraestructuras, como las comentadas anteriormente.
Fortaleciendo Alianzas: México y la UE renuevan sus lazos económicos
La decisión de México de renovar su acuerdo económico con la Unión Europea subraya el compromiso (y algunos dirían, la necesidad) de reforzar y diversificar las relaciones comerciales. El marco actualizado se centra en las prácticas sostenibles, el comercio digital y la transferencia de tecnología, posicionando a México como un socio fundamental para Europa en la deslocalización de las cadenas de suministro. Dado que en 2025 se cumple el 25 aniversario del acuerdo original, esta modernización pretende inyectar dinamismo en sectores como las energías renovables, la fabricación de automóviles y la electrónica avanzada.
Sin embargo, sigue habiendo retos. Las partes interesadas europeas han expresado su preocupación por el entorno normativo de México, instando a la transparencia en las licitaciones de proyectos y a la aplicación de medidas anticorrupción. Si se aborda eficazmente, esta asociación podría abrir nuevas vías de crecimiento, reforzando la posición de México como puente entre Norteamérica y Europa.
Contacto:
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
laura.camacho@miranda-partners.com
Descargar PDF: MI-PublicAffairsChatter-012125