México registra una reducción histórica de la pobreza, pero la educación y la sanidad van a la zaga
De acuerdo con el informe más reciente del INEGI, la pobreza multidimensional disminuyó de 41.9% de la población en 2018 a 29.6% en 2024, una reducción de más de 13 millones de personas. La pobreza extrema disminuyó a 5.3% de la población, alcanzando su punto más bajo en cuatro décadas. La administración atribuyó estos resultados a los aumentos salariales sostenidos, los programas sociales universales y la ampliación del acceso a la vivienda y los servicios básicos. “Demuestra que nuestro modelo de desarrollo funciona”, declaró la Presidenta Sheinbaum, que consideró los resultados como una validación del enfoque político heredado de la administración anterior.
Sin embargo, los datos también ponen de manifiesto la persistencia de vulnerabilidades estructurales. Aunque los indicadores de pobreza basados en los ingresos mejoraron, las privaciones sociales aumentaron. Actualmente, 32,2% de la población carece de acceso a uno o más derechos fundamentales. Lo más notable es que 34% de los mexicanos permanecen fuera del sistema de salud, cifra que se ha mantenido estancada a pesar de la transición del INSABI al IMSS-Bienestar. El rezago educativo sigue afectando a 18.8% de la población, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
Incluso los críticos de largo plazo de la 4T, como Denise Dresser, Jesús Silva Herzog y otros, celebraron y abrazaron la reducción de la pobreza, aunque también argumentaron que las mejoras no son sostenibles a menos que vayan acompañadas de reformas sistémicas para impulsar la productividad, como en educación, salud, formalización del empleo, estado de derecho y para elevar la recaudación fiscal del gobierno. Gerardo Esquivel, economista cercano a la 4T, señaló que las clases profesionales subestimaron el éxito de la reducción de la pobreza bajo AMLO debido a los persistentes prejuicios contra los pobres y a la desinformación. Sin embargo, también reconoció que los déficits basados en los derechos -especialmente en salud y educación- plantean riesgos a largo plazo para la durabilidad de los logros recientes.
La administración Sheinbaum se ha comprometido a reforzar la infraestructura social que respalda estos resultados. A corto plazo, los datos ofrecen una narrativa favorable. A medio plazo, el reto consiste en transformar un alivio significativo en una inclusión estructural y sostenible. Pero no se pueden negar los importantes progresos realizados.
Limpiar la casa, exportar ensayos: La vía rápida de México hacia la alineación
Entre el 12 y el 13 de agosto, las autoridades mexicanas expulsaron a Estados Unidos a 26 presuntos miembros de grupos de delincuencia organizada, uno de los traslados en un solo día más importantes de los últimos años. Según declaraciones oficiales, los individuos estaban vinculados a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y eran considerados de alto riesgo debido a su continua influencia. El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que estos individuos seguían ejerciendo el control operativo de la extorsión, la logística y la violencia selectiva desde detrás de las rejas, y calificó su presencia de “riesgo inaceptable”.”
Los traslados se llevaron a cabo con las garantías diplomáticas habituales en relación con la pena de muerte, una condición constante en los acuerdos de extradición entre México y Estados Unidos. Sin embargo, el momento y la escala de la operación sugieren una intención estratégica más amplia. La operación se produjo días después de que Estados Unidos renovara sus amenazas arancelarias y aumentara la presión sobre México para que contuviera los flujos de drogas sintéticas, en particular de fentanilo.
Aunque la justificación oficial se centra en la seguridad pública y la cooperación judicial, el contexto más amplio sugiere un mensaje calculado de alineamiento con Washington. El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado de aislar la cooperación en materia de seguridad de la dinámica comercial; sin embargo, los últimos acontecimientos ilustran cómo ambas vías convergen cada vez más.
En el ámbito nacional, la medida indica un cambio de rumbo en la lucha contra la delincuencia organizada, aunque también suscita las críticas de una minoría de la población que se queja de que los casos de gran repercusión se juzgan cada vez más en el extranjero. Desde el punto de vista operativo, las expulsiones pueden contribuir a desarticular las estructuras de mando basadas en las prisiones y a reducir los riesgos asociados a los traslados internos. Aun así, los retos subyacentes -economías de drogas sintéticas, robo de combustible, redes locales de protección y fragilidad institucional- persisten, aunque se estén logrando avances reales.
La durabilidad de este enfoque determinará la percepción de la doctrina de seguridad de Sheinbaum. Un ritmo sostenido de extradiciones indicaría continuidad binacional y pragmatismo táctico; una ausencia de seguimiento podría reforzar la opinión de que la iniciativa fue reactiva y políticamente oportuna. Por el momento, la administración ha subrayado un principio básico: mientras los líderes criminales sigan entre rejas, la transferencia internacional sigue siendo un mecanismo viable para hacer cumplir la ley.
Esta postura se extiende más allá de la pista de extradición. El 18 de agosto, la DEA presentó el Proyecto Portero, una iniciativa bilateral dirigida a los “guardianes”, los coordinadores logísticos que gestionan los corredores de contrabando de fentanilo, metanfetamina, armas y dinero en efectivo a lo largo de la frontera sudoccidental.
El programa integra a investigadores mexicanos en un centro de inteligencia estadounidense para la planificación conjunta de objetivos y operaciones. Desde el punto de vista estratégico, este programa refleja el paso de la captura de capos de alto nivel a la desarticulación de los de nivel medio, en los que la continuidad, y no la notoriedad, sostiene la economía criminal.
Para Washington, Portero ofrece un indicador de resultados en un momento políticamente delicado. Con el alivio arancelario vinculado a una aplicación mensurable, las detenciones y las interrupciones de las rutas pueden enmarcarse como un progreso. Para Sheinbaum, permite una cooperación visible sin subordinación explícita, lo que resulta útil en medio de los debates sobre soberanía.
Sin embargo, siguen existiendo fricciones conocidas. Las asimetrías jurídicas, la inercia burocrática y los problemas de gestión de los servicios de inteligencia han obstaculizado la eficacia de anteriores grupos operativos binacionales. Mantener el impulso depende menos de la marca institucional que de las fricciones operativas: si surgen puntos de estrangulamiento en los corredores y aumentan los costes para los traficantes, la expansión estará justificada. De lo contrario, Portero corre el riesgo de convertirse en otro acrónimo con una vida útil limitada.
La diplomacia medioambiental gana terreno en la selva maya
En Calakmul, la Presidenta Sheinbaum se unió a Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Johnny Briceño, de Belice, para firmar la Declaración de Calakmul, un acuerdo multinacional de conservación que abarca 5,7 millones de acres de la Selva Maya. El acuerdo convierte a la región en la segunda mayor reserva tropical del hemisferio, después de la Amazonia. Más allá de su alcance, la iniciativa señala la intención de México de ampliar su perfil de política exterior a la diplomacia del clima y la biodiversidad, junto con sus funciones tradicionales en materia de migración y comercio.
La declaración abarca elementos operativos, como la coordinación de corredores biológicos, actividades conjuntas de vigilancia, mecanismos de aplicación de la ley y la integración de programas sociales, como Sembrando Vida, para vincular los esfuerzos de conservación con incentivos económicos. También reconoce una doble realidad -estos ecosistemas, aunque ricos en biodiversidad, funcionan como corredores de tránsito ilícito de madera, fauna salvaje, narcóticos y migración-, por lo que la política tiende un puente entre la protección medioambiental y los intereses de seguridad regional.
Para Sheinbaum, el momento ofrece un contrapeso de reputación. Su administración se ha enfrentado a un escrutinio sostenido sobre la supervisión ambiental de megaproyectos, en particular el Tren Maya de su predecesor. La plataforma Calakmul permite una postura de liderazgo regional centrada en la preservación del ecosistema, la cooperación institucional y el desarrollo sostenible.
Para Arévalo y Briceño, el acuerdo puede canalizar la atención -y, en última instancia, la financiación- hacia organismos de conservación y aplicación de la ley con escasos recursos que se enfrentan a la presión de las economías extractivas ilegales.
El reto, como ocurre con la mayoría de las políticas públicas, reside en la aplicación: traducir el consenso transfronterizo en patrullas sostenidas, compromisos presupuestarios y credibilidad en la aplicación de la ley sigue siendo el punto de referencia. La expansión de las infraestructuras cerca de las zonas protegidas podría diluir el impacto del pacto si no se gestiona con cuidado.
Aun así, en medio de la creciente tensión geopolítica en otros lugares, la declaración aporta capital diplomático y posiciona a México como convocante regional en materia de gobernanza medioambiental. Que dure.
Contacto:
Gilberto García
Socio y Jefe de Inteligencia
gilberto.garcia@miranda-partners.com
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
laura.camacho@miranda-partners.com
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