Lo más relevante de la semana:
- Luego de la conclusión del periodo ordinario en ambas cámaras, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionará del 1 de mayo al 31 de agosto.
- En estas dos sesiones que han sostenido el grupo de 37 legisladores (19 diputados y 18 senadores) se han dedicado a seguir fijando las posturas de sus partidos, previo al proceso electoral.
- Si bien el trabajo legislativo en comisiones continua, ninguna iniciativa de reformas será aprobado hasta que arranque el nuevo periodo en septiembre.
- Mientras tanto, la Suprema Corte ha concentrado la atención al continuar siendo el bastión de la división de poderes y contrapesos.
Reformas a la Ley General de Salud en materia de medicamentos y atención privada
Con 27 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Salud avaló reformar la Ley General de Salud, a fin de que quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, “caducos o cuya vida útil haya concluido” ya sea en establecimientos, “así como en Internet a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales”, o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de “tres a 15 años de prisión” y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo.
La misma pena se propone a quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas ya sea en establecimientos, vía Internet o en cualquier otro lugar.
Presentan diagnóstico de inteligencia artificial
La senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz presentó la propuesta de Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030, que incluye un diagnóstico y recomendaciones para su regulación en nuestro país.
En la propuesta se plantearon recomendaciones sobre política pública y derechos; educación y mercados laborales; ciberseguridad y gestión de riesgos; género, inclusión y responsabilidad social; infraestructura y datos; innovación, investigación e industria.
Para construir el royecto se realizaron 18 mesas de trabajo y 90 eventos, en los que participaron más de 340 expertos y más de tres mil personas capacitadas, en 220 horas de diálogo.
Ley de Aguas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de diez días hábiles al Congreso de la Unión para que informe en qué etapa del proceso legislativo se encuentra en la expedición de la Ley General de Aguas; además, de remitir un cronograma en el que se advierta el plan del trabajo legislativo específico para dar cumplimiento a esta sentencia y los plazos estimados para el desarrollo de cada etapa. A través de las listas de notificación, la Corte informó su determinación para negar la prórroga solicitada por el Congreso.
La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que todas las entidades federativas deben participar en la creación de la ley, así como la Secretaría de Hacienda, Conagua y Semarnat, entre otras, además de un parlamento abierto no solo con especialistas, sino con los estados y municipios.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, insistió en que se requiere una prórroga y señaló que no se han logrado los consensos que son los que definen los tiempos del Congreso de la Unión.
Se mantiene suspensión de fideicomisos
Con cuatro votos en contra y uno a favor, la Segunda Sala de la Suprema Corte se pronunció en contra de la propuesta de la ministra Lenia Batres, que pretendía levantar la suspensión que frenó la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Un juez otorgó esta suspensión en contra los cambios hechos a la Ley Orgánica del PJF y con el que desaparecieron los fideicomisos de la judicatura.
Antecedentes no penales para trabajadores de plataformas
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la fracción IX del artículo 151, de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que consideraba como requisito para ser acreditado como conductor del servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales, presentar una carta de antecedentes no penales.
La Corte determinó que tal requisito incidía negativamente y sin suficiente justificación en la libertad de trabajo, además de que se trataba de un requisito discriminatorio y genérico.