Una elección, dos agendas
La Cámara de Diputados de México está analizando una propuesta para modificar el calendario del referéndum revocatorio presidencial a fin de que coincida con las elecciones intermedias de 2027. La iniciativa, presentada por el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, busca modificar el Artículo 35 de la Constitución, permitiendo que el referendo revocatorio se realice el mismo día en que los votantes eligen a los miembros del Congreso y a otros funcionarios públicos.
Según la propuesta, la celebración simultánea de ambas votaciones reduciría los costes y aumentaría la participación. De aprobarse, la revocación coincidiría con las elecciones para elegir a los 500 diputados federales, 15 gubernaturas-12 de las cuales están actualmente en manos de Morena y sus aliados-así como 31 legislaturas locales y cientos de gobiernos municipales.
Los partidarios de la reforma electoral sostienen que sincronizar el voto revocatorio presidencial con las elecciones de mitad de mandato podría aumentar la participación. La evidencia disponible es más matizada. Los datos de anteriores ejercicios de democracia directa en México, como la consulta popular de 2021 (7,1% de participación) y el referéndum revocatorio de 2022 (17,7%), sugieren que la baja participación tuvo más que ver con la escasez de fondos, la mala logística y la escasa familiaridad de los votantes que con la programación. De hecho, la participación aumentó en más de 10 puntos porcentuales entre los dos eventos, lo que apunta a un creciente compromiso cívico. Por el contrario, las elecciones judiciales celebradas simultáneamente con las votaciones locales en Durango y Veracruz, promediaron sólo 12,96% a nivel nacional, pero superaron los 20% en esos estados. Aunque estos casos difieren en diseño y contexto, sugieren que alinear las votaciones no garantiza automáticamente un alto nivel de participación.
La reforma refleja un esfuerzo renovado por retomar una idea que se exploró por primera vez durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien también había propuesto alinear su revocación con las elecciones intermedias. Ese esfuerzo no avanzó, y el referéndum se celebró finalmente por separado en 2022.
Ayer, el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que la discusión de la iniciativa se detendría temporalmente. En conferencia de prensa, Monreal informó que solicitará a la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales que retrase las deliberaciones para permitir un debate más amplio entre los legisladores. Miembros de los partidos de oposición, incluidos el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, han expresado su preocupación de que el cambio propuesto pueda ser percibido como un movimiento estratégico para influir en los resultados electorales.
Aunque la iniciativa sigue siendo objeto de revisión, refleja una conversación en curso sobre cómo mejorar la participación y la eficiencia en los procesos electorales de México. Tanto si la reforma avanza como si no, subraya la evolución del papel de los mecanismos constitucionales en el panorama político del país.
¿Justicia fiscal o juicio mediático? El Imperio contraataca
Grupo Salinas ha intensificado su campaña legal y pública contra el SAT y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras los recientes reveses procesales en un largo litigio por impuestos atrasados. En una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, la empresa afirmó que está siendo objeto de “tácticas de litigio selectivo”, alegando que sólo su caso fiscal 2013 fue remitido a la Corte, mientras que los archivos anteriores de 2008 a 2012, supuestamente parte de las discusiones previas con la administración de López Obrador, fueron excluidos.
Las autoridades federales rechazaron rápidamente las acusaciones. El Procurador Fiscal Arturo Medina afirmó con firmeza que “no hubo trato, arreglo ni pacto”, reafirmando que el total de obligaciones fiscales en disputa asciende a 74 mil millones de pesos, cifra significativamente mayor a la citada por la empresa. La presidenta Sheinbaum agregó que Grupo Salinas sigue en libertad de liquidar sus obligaciones por los cauces legales establecidos, pero no se le otorgaría ningún trato preferencial.
El Tribunal Supremo, por su parte, rechazó una petición de la empresa de suspender la resolución de siete recursos actualmente en revisión. La Corte declaró improcedente la solicitud, subrayando la necesidad de mantener la congruencia procesal. El impasse legal se da en el marco de las recientes reformas a la Ley de Amparo, que limitan el uso de medidas cautelares para retrasar la ejecución fiscal, una estrategia que Grupo Salinas ha empleado anteriormente.
En un comunicado de seguimiento del 9 de noviembre, la empresa señaló que podría interponer un recurso internacional, citando supuestas violaciones de sus derechos procesales y sugiriendo posibles demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no se ha presentado ninguna demanda formal.
Soberanía selectiva: La nueva norma de política exterior de México
Las recientes decisiones de México en materia de asilo han suscitado las críticas de los gobiernos sudamericanos, desencadenando consecuencias diplomáticas y renovando los debates sobre los límites de la soberanía y la protección humanitaria.
A principios de mes, Perú anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas con México tras el asilo concedido a Betssy Chávez, ex primera ministra y aliada política del depuesto presidente Pedro Castillo. Chávez, que se enfrenta actualmente a un proceso judicial por presunta rebelión y conspiración, había entrado en la embajada mexicana en Lima y posteriormente se le concedió protección. El Congreso peruano respondió declarando a la Presidenta Claudia Sheinbaum persona non grata, en lo que calificó de “injerencia inaceptable en los asuntos internos” y “falta de respeto a las instituciones democráticas de Perú”. La resolución también hacía referencia a anteriores declaraciones públicas de Sheinbaum en las que criticaba a los sucesores de Castillo.
Este acontecimiento se hace eco de una ruptura diplomática anterior con Ecuador. En abril, la policía ecuatoriana entró en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción y que había recibido protección política de diplomáticos mexicanos. El incidente dio lugar a una queja formal del gobierno mexicano ante la Corte Internacional de Justicia, alegando una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las relaciones bilaterales entre ambos países siguen suspendidas.
El gobierno mexicano ha defendido ambas decisiones de asilo como consistentes con el derecho internacional y la tradición humanitaria. La Presidenta Sheinbaum reiteró que ofrecer asilo político no equivale a inmiscuirse en asuntos internos y destacó el papel histórico de México en la provisión de refugio.
Sin embargo, funcionarios tanto de Perú como de Ecuador han expresado su preocupación por el hecho de que las personas que reciben asilo compartan afinidades políticas con la actual administración mexicana, lo que plantea interrogantes sobre la intersección entre la política humanitaria y la alineación ideológica. Estos casos han complicado aún más la postura regional de México, sobre todo porque sigue defendiendo la no intervención en el extranjero al tiempo que afirma su soberanía en respuesta al escrutinio externo de sus políticas internas.
Nada de tiros libres: México revisa el acuerdo fiscal del Mundial para limitar las prebendas de la FIFA
Mientras México se prepara para acoger 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en 2026, incluida la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, la atención se desplaza de las renovaciones de los estadios y las previsiones turísticas a la política fiscal. En concreto, a los beneficios fiscales concedidos originalmente a la FIFA y sus afiliados hace casi una década.
La administración de Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha anunciado una revisión de estas exenciones fiscales y aduaneras, inicialmente comprometidas bajo la garantía gubernamental de 2015 firmada por la administración de Peña Nieto. Dicho compromiso extendía un trato preferencial a la FIFA, sus filiales, contratistas y socios, hasta por diez años a partir de 2018, como parte de la exitosa candidatura de México para ser coanfitrión del evento.
De acuerdo con la SHCP, se llevaron a cabo reuniones técnicas con la FIFA para acotar el alcance de estos beneficios y alinearlos mejor con la actual política fiscal del país. Los términos revisados ahora limitan las exenciones estrictamente a las entidades directamente involucradas en la ejecución del evento, excluyendo a proveedores secundarios y contratistas no relacionados. El objetivo, subrayó el Ministerio, es preservar los ingresos nacionales sin violar los compromisos internacionales.
La Presidenta Sheinbaum confirmó el ajuste: “No podíamos deshacer el acuerdo, pero lo actualizamos para adaptarlo a la realidad fiscal actual de México. La FIFA estuvo totalmente de acuerdo”. La declaración marcó un claro esfuerzo por distanciar a la actual administración de las exenciones generales negociadas en el pasado, al tiempo que aseguró a las partes interesadas que la protección de los ingresos sigue siendo una prioridad.
Las inversiones en infraestructuras siguen siendo considerables. Las aportaciones federales, locales y privadas combinadas superan los 15.000 millones de pesos, y se están llevando a cabo mejoras urbanas clave en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El impacto económico previsto, estimado en 3.000 millones de dólares, ha convertido el acontecimiento en un foco de atracción de inversiones estadounidenses, especialmente en tecnología, turismo y servicios urbanos.
Aun así, los críticos advierten de que la aplicación será clave. Aunque el SAT se ha comprometido a publicar criterios de elegibilidad claros, persiste la preocupación por las lagunas jurídicas y las exenciones indirectas.
Contacto:
Laura Camacho
Directora Ejecutiva de Asuntos Públicos de Miranda
laura.camacho@miranda-partners.com
Gilberto García
Socio y Jefe de Inteligencia
gilberto.garcia@miranda-partners.com
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