- Apenas unos días antes del primer debate, y siendo que será uno de los temas a contrastar, la candidata Claudia Sheinbaum presentó las bases de su eje de gobierno “Fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto”.
- En particular llamó la atención su reconocimiento a que aún hay mucho por hacer en combate a la corrupción, siendo que el presidente ha sido más triunfalista al respecto.
- El plan tiene similitudes con las líneas que sobre el mismo tema ha expuesto Xóchitl Gálvez: ambas consideran que habrá que otorgarle mayor importancia al uso de la tecnología, la digitalización y la profesionalización de servidores públicos. También que las licitaciones deben ser la regla y no la excepción.
- Sin embargo, entre las principales diferencias, en la visión de Sheinbaum está presentar un gran paquete de reformas legales para fortalecer las facultades de la federación y la creación de una agencia federal de investigación.
- El punto que más llamó la atención fue su interés en fiscalizar y sancionar de manera más enérgica a particulares y empresas que incurran en presuntos actos de corrupción.
- Por su parte, Gálvez se ha enfocado en fortalecer la materia de transparencia y el papel del INAI, como respuesta a los embates que ha recibido el instituto.
Las propuestas de Claudia Sheinbaum
- Destacó la idea de llevar a la Constitución el reconocimiento del derecho humano a la buena administración pública y a vivir en un ambiente libre de corrupción.
- Entre las propuestas más comentadas estuvo la creación de una Agencia Federal Anticorrupción, la cual dependerá de la presidencia de la República y tendrá funciones de investigación, persecución y sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares que celebran contrataciones públicas o se les otorgan concesiones.
- En cuanto a los principales cambios jurídicos considerados está la creación de una Ley General para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción, lo que implicaría trabajar bajo estándares homologados en todo el país, a partir de un catálogo Único de Delitos y Penas.
- También habló de revisar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para ampliar los plazos de prescripción de casos de corrupción y aumentar de 3 a 7 años los casos de responsabilidades no graves y de 7 a 12 los graves.
- Entre las medidas señaladas con impacto en el sector empresarial está mejorar la regulación de los programas anuales de adquisiciones y de obras públicas, asegurar la probidad e idoneidad técnica de los proveedores y contratistas, tipificar como delito la simulación de operaciones de cumplimiento de obligaciones en contratos gubernamentales, instrumentar reglas para visibilizar delitos de corrupción cometidos por las empresas y fortalecer capacidades para investigar a servidores y particulares que participan en los contratos públicos.
- Finalmente, destacó la importancia de revisar y simplificar el sistema de fe pública, actualmente en manos de los notarios, así como modificar la supervisión notarial, que hoy se privilegia la autorregulación.
Las propuestas de Xóchitl Gálvez
- Xóchitl propone perseguir de oficio aquellos casos evidentes y ostentosos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y contratistas, y agilizar los mecanismos para quitar los bienes de los prestanombres.
- Señala que debe llevarse a cabo la reconstrucción y renovación del sistema de auditoría pública, vigilancia del presupuesto y de responsabilidades administrativas, tanto a nivel federal como locales, además de revisar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción para promover su fortalecimiento y renovación.
- Gálvez otorga un gran peso a la transparencia al señalar que no se permitirá el mal uso del argumento la seguridad nacional para proteger la corrupción, para lo cual garantizará la existencia de organismos de acceso a la información federal y locales.
- En específico habló de asegurar la transparencia y fiscalización reforzada a programas sociales del ejecutivo federal y actualización permanente a los padrones de beneficiarios, garantizando la efectiva protección del derecho a la privacidad y a los datos personales.