Súper martes. Un día decisivo para el rumbo de dos países. Mientras México aguardaba decisión de la Suprema Corte sobre la controvertida reforma, Estados Unidos vivía una jornada electoral tensa, que concluyó con la victoria decisiva de Donald Trump.
Trump, presidente 45 y 47
Con Trump de regreso en la Casa Blanca, la posible renegociación del T-MEC se pone nuevamente en el foco. Trump, conocido por su enfoque proteccionista, podría insistir en medidas que favorezcan a la industria estadounidense a expensas de la competitividad mexicana. Esto afectaría directamente a sectores clave como el automotriz y el agrícola, que dependen de reglas claras y estables en el comercio bilateral.
El último día de su campaña, Donald Trump prometió imponer un arancel de 25% a todas las importaciones de productos desde México, si la presidenta Claudia Sheinbaum no detiene lo que llamó una “avalancha de criminales y drogas” a Estados Unidos.
“México nos está invadiendo, pero ahora tenemos una nueva presidenta en México. Se supone que es una mujer muy agradable, según dicen. No la conozco. Y le voy a informar el primer día o antes que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América”, dijo.
En su primer período como Presidente, Trump cumplió su promesa de campaña de modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al incluir, entre otros, cambios en materia laboral, reglas de origen del sector automotriz y una cláusula de revisión periodìca de este acuerdo, cuyo nombre cambió a Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde julio de 2020.
La revisión del T-MEC bajo un nuevo mandato de Trump no sólo implica incertidumbre para México, sino también una amenaza de condiciones comerciales más restrictivas, aranceles adicionales o nuevos requisitos que obstaculicen el acceso de productos mexicanos al mercado estadounidense. Además, el discurso de confrontación y los cambios abruptos en política migratoria o de seguridad podrían minar aún más la cooperación entre ambos países.
Llamó la atención que en su primer discurso Trump señaló “Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo”. Así fueron las primeras palabras de Donald Trump, luego de declararse victorioso de la contienda electoral. Pero, ¿esa promesa de sanar alcanzará a México? Queda la duda de si esta “sanación” incluirá una cooperación respetuosa y estable con su vecino. México, una vez más, se enfrenta a la incertidumbre del tipo de relación que ahora le espera con el nuevo presidente.
Es importante no perder perspectiva. Cuando Trump fue presidente entre 2016 y 2020, fue en la práctica mucho menos negativo de lo que sugerían sus amenazas. Firmó el T-MEC, calificándolo como el mejor tratado comercial, mientras aumentaba los aranceles a China, lo que impulsó el “boom” del nearshoring. Las exportaciones mexicanas a EE. UU. crecieron de USD 303 mil millones en 2016 a USD 359 mil millones en 2019, antes de la pandemia.
Con EE. UU. alejándose del comercio global, mantener una relación abierta con México es estratégico para su competitividad. La inflación bajo Biden también contribuyó a la reciente victoria de Trump, y poner aranceles a su vecino solo impulsaría aún más los precios en EE. UU. A diferencia de China, México importa la mayoría de sus productos de EE. UU., por lo que reducir sus importaciones tendría un impacto limitado en el empleo estadounidense. Además, desestabilizar la economía mexicana solo aumentaría la inmigración y la inflación, dos factores clave en el éxito de Trump.
Expectativas rotas: la Corte desestima reforma judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debía actuar como el último bastión de defensa frente a la reforma judicial, sorprendió (negativamente) al transformar la esperada revisión de la controvertida reforma judicial en un debate confuso y plagado de tecnicismos.
¿Qué sigue? El partido de Movimiento Ciudadano ha anunciado que la batalla jurídica continuará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, una comitiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) participará el próximo martes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede en Washington, D.C.
Había grandes expectativas sobre el papel que jugaría el máximo tribunal al analizar una reforma que ha sido ampliamente criticada por su posibilidad de afectar la autonomía judicial y los derechos de las y los ciudadanos. Sin embargo, el debate en la Corte se concentró en cuestiones procesales, terminando sin entrar a revisar el fondo del asunto, perdiendo así la oportunidad de al menos matizar la reforma.
La larga sesión del pleno arrancó haciendo del conocimiento a los ministros sobre la recepción de una comunicación de la Cámara de Diputados solicitando se suspendiera el análisis del asunto, ya que el marco constitucional actual impide su estudio de fondo. Cumplir o no con lo solicitado por los legisladores fue la primera votación de la larga jornada.
Posteriormente, se analizó si los partidos políticos nacionales están facultados para impugnar la reforma judicial, a través de acciones de inconstitucionalidad. Ello debido a que entre los promoventes de este tema estuvieron el PRI, PAN y MC. En estos primeros dos temas no fue una sorpresa advertir que las ministras oficialistas, Batres, Ortiz y Esquivel, mantuvieran su postura de defender que el asunto no debía ni siquiera analizarse porque el “mandato del pueblo” fue muy claro: la reforma iba y no había manera de cuestionarla.
Sin embargo, era previsible que al avanzar en el estudio de fondo el bloque de los ocho restantes ministros se mantuviera. El escenario cambió cuando el ministro Alberto Pérez Dayan argumentó que la acción de inconstitucionalidad debía considerarse improcedente: “lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, esas sí ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales, por eso precisamente estamos aquí discutiendo”.
En esa línea responsabilizó al Tribunal Electoral y al INE de no asumir su responsabilidad y señaló que, si bien la reforma traería consecuencias en la división de Poderes y en los principios de la independencia judicial, sostuvo que hay otros medios de impugnación para combatirla.
“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido del que propone la propuesta sería, lo digo con todo el respeto y en fuero de mi propia persona, responder a una insensatez del texto supremo con otra insensatez, al forzar una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, dijo.
Finalmente, otro tema generó debate y división. Luego de advertir que los cartones quedarían 7-4, la Corte debatió si, como dice el nuevo texto aprobado de la Constitución, se necesitan seis votos para anular la reforma judicial u ocho. El punto es que la cifra de seis considera que con la reforma habría ya no 11 sino nueve ministros, de ahí que la mayoría necesaria pasaría de ocho a seis. En otras palabras, la Corte planeaba aplicar las nuevas reglas de la reforma judicial para invalidarla, una paradoja en la que se usa el propio contenido de la reforma como base legal para eliminarla.
Aquí es cuando se declaró un receso. Al regresar, el Ministro González Alcántara, ponente del asunto, dijo “Yo me expresé (como mencioné) que eran seis votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional; sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar”.
Así, en medio de un final abrupto, la sesión terminó sin entrar al análisis de los conceptos de impugnación.
Durante la sesión habrían circulado rumores de que el ministro Pérez Dayan enfrentaba denuncias por “acoso sexual” en la Fiscalía de la CDMX y que ese habría sido el motivo de su cambio de voto. Sin embargo, el ministro Pérez Dayan aclaró en entrevista que “Simplemente decidí de acuerdo con lo que he expresado en precedentes. No existe denuncia ni carpeta de investigación en mi contra, eso es falso […] Me dolería resolver de manera diferente a lo que pienso, siempre ha sido así […] No imagino una Corte que tenga la atribución de decidir qué lleva la Constitución y qué no lleva”, dijo.
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